La Justicia Federal avanza en una investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrando su atención en una serie de movimientos financieros y gastos de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. Entre los puntos más críticos de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, se encuentran unas recientes vacaciones en el Caribe y la adquisición de un inmueble en Capital Federal.
El polémico viaje a Aruba
Nuevos testimonios han puesto en duda la logística utilizada por el funcionario para su estadía en la isla de Aruba durante los primeros días de enero. Según declaraciones vertidas en medios digitales, existen sospechas sobre el medio de transporte utilizado, ya que pasajeros de los vuelos comerciales de esa fecha aseguran no haberlo cruzado en las escalas obligatorias.
Más allá de la ruta aérea, el testimonio apunta directamente al nivel de gastos del funcionario. Adorni se habría hospedado en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all-inclusive de gran categoría, que cuesta alrededor de $1000 dólares la noche por persona. Esta ostentación choca de frente con el discurso oficial del Gobierno. "En ese momento lo que proponía Javier Milei era austeridad y su jefe de Gabinete estaba en Aruba; es contradictorio", afirmó Ulises al justificar su posteo en X el pasado 8 de enero, cuando reveló que el ministro coordinador estaba de viaje en el Caribe mientras pregonaba un discurso de austeridad desde sus conferencias de prensa como vocero presidencial.
La investigación estima que el costo del viaje rondó los US$ 10.000, considerando una estadía en un exclusivo complejo all-inclusive con tarifas cercanas a los mil dólares diarios.
El hecho ha generado ruido interno, dado que el gasto se produjo en simultáneo con el discurso de austeridad y recorte del gasto público que el propio Adorni promovía desde la Casa Rosada.
Irregularidades en la compra de un inmueble
Además del gasto en turismo, la Justicia analiza la compra de un departamento en el barrio de Caballito, tasado en US$ 230.000. El foco está puesto en el origen de los fondos, particularmente en un adelanto de US$ 45.000.
Parte de ese monto habría sido justificado como un préstamo de terceros. Sin embargo, una de las supuestas prestamistas —una mujer jubilada— negó públicamente conocer al funcionario o haberle facilitado dinero. Ante esta contradicción, la justicia ha citado a declarar para este 8 de abril a la escribana interviniente en la operación, Adriana Mónica Nechevenko, cuya declaración será clave para determinar si existió una maniobra de ocultamiento de fondos.
