En un fallo contundente, la Justicia determinó que el Poder Ejecutivo no puede utilizar leyes anteriores para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificando el derecho a la educación por sobre el argumento del impacto fiscal.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó una resolución clave que obliga al Gobierno nacional a normalizar los salarios docentes, las becas estudiantiles y las partidas destinadas a investigación. El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, respalda la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras meses de parálisis presupuestaria.
El debate sobre la jerarquía normativa
El núcleo del conflicto radicaba en la decisión del Ejecutivo de frenar la ley 27.795 mediante un decreto, alegando que la Ley de Administración Financiera le otorgaba la facultad de suspender normas que no tuvieran una fuente de financiamiento explícita. Sin embargo, los camaristas rechazaron este argumento de forma tajante: sostuvieron que una ley general previa no puede anular una ley específica posterior emanada del Congreso, especialmente cuando esta última fue ratificada por una mayoría de dos tercios tras un veto presidencial.
Para el tribunal, la postura oficialista vulnera el principio de juridicidad. Los magistrados destacaron que el incumplimiento de la normativa no protege el interés público, sino que lesiona directamente el derecho constitucional de "enseñar y aprender".
Cronología de una disputa abierta
La controversia se originó en 2024, cuando el Congreso sancionó la actualización automática de los recursos universitarios. Pese a que el Legislativo rechazó el veto de Javier Milei, la Casa Rosada promulgó la ley pero vació su ejecución al no asignarle partidas en el presupuesto.
Este escenario judicial se suma a los recientes reclamos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ya advirtió sobre la ausencia de estos fondos en el proyecto presupuestario de 2026. Aunque el oficialismo intentó enviar un esquema de financiamiento alternativo al Parlamento, la Justicia se adelantó exigiendo la vigencia inmediata de la ley actual para garantizar el funcionamiento del sistema científico y educativo nacional.
