En un clima de creciente conflictividad, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente ante la amenaza de una nueva ola de cesantías en la administración pública nacional. El gremio denunció que, mientras el Gobierno planea recortar miles de puestos de trabajo, la Secretaría de Comunicación, dirigida por Manuel Adorni, habría incorporado a unos 300 asesores con sueldos millonarios.
La denuncia por la "caja" de Comunicación
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra la estructura que rodea al vocero presidencial. Según los cálculos del sindicato, el ingreso de estos nuevos consultores y asistentes representa un gasto operativo desproporcionado:
·Cifra de ingresos: Cerca de 300 nuevos agentes bajo diversas modalidades contractuales.
·Impacto mensual: Un costo estimado de $47.000 millones en salarios (con promedios de $2 millones por cargo).
·Costo anual: La proyección rondaría los $600.000 millones.
"Si realmente quisieran terminar con los privilegios en el Estado, tendrían que empezar por desplazar a Adorni", sentenció Aguiar, cuestionando la legitimidad del ajuste fiscal frente a estas designaciones.
Alerta por 27.000 despidos en 2026
La preocupación gremial surge ante la posibilidad de que el Ejecutivo avance con una reducción del 10% de la planta estatal a lo largo del año. Se estima que:
·En el corto plazo: Podrían producirse entre 5.000 y 6.000 desvinculaciones.
·Proyección anual: El número total de afectados llegaría a los 27.000 trabajadores.
Desde el sindicato advirtieron que el Estado ya funciona con un "piso mínimo de prestaciones" y que nuevos despidos comprometerían servicios esenciales en organismos críticos como ANSES, CONICET, INTA, INTI y Senasa, entre otros.
Cuestionamientos al ahorro fiscal
Aguiar también puso en duda el destino de los fondos ahorrados mediante el congelamiento salarial y los recortes previos, que según cifras oficiales superan los 2.400 millones de dólares. "Ese supuesto ahorro no se ve reflejado en obras, mantenimiento de rutas ni en servicios básicos. La base social de apoyo a estas medidas se ha reducido drásticamente", afirmó el dirigente.
Ante este escenario, ATE inició un plan de lucha en las dependencias que se consideran "en la mira" del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, anticipando semanas de alta conflictividad en las calles y oficinas públicas.
