Una exhaustiva investigación judicial ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el inicio de la gestión actual. Un dictamen fiscal de más de 230 páginas detalla cómo el sistema de adquisiciones del organismo habría sido convertido en un esquema de negocios espurios, involucrando contratos que rondan los 7.000 millones de pesos.
La maniobra de las "licitaciones fachada"
Según revelaron los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el mecanismo para desviar fondos públicos consistía en simular competencia en las licitaciones de insumos críticos, como sillas de ruedas, implantes auditivos y camas ortopédicas.
La operatoria funcionaba bajo dos modalidades principales:
·Cartelización familiar: Un mismo grupo económico presentaba varias empresas de su propiedad para simular una puja de precios, asegurando que el contrato quedara siempre "en casa" y a valores inflados.
·Rotación de adjudicados: Distintas compañías se prestaban nombres para alternarse en las victorias de las licitaciones, garantizando que todas las partes del esquema obtuvieran beneficios.
Pedido masivo de indagatorias y embargos
Ante la contundencia de las pruebas y los testimonios que describieron el pago de coimas, el Ministerio Público solicitó al juez Ariel Lijo la citación a indagatoria de 29 personas.
Además, se pidió el embargo preventivo de bienes para 16 empresas y para los principales involucrados.
Entre los nombres que vuelven al centro de la escena judicial —algunos ya procesados anteriormente por el juez Sebastián Casanello— se encuentran:
·Exfuncionarios: Diego Spagnolo y Daniel Garbellini, responsables del área de compras de la agencia.
·Empresarios: Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como partícipes del esquema de sobreprecios.
Un caso con "varias etapas"
Los investigadores sostienen que esta es apenas la "segunda andanada" de una causa que promete ramificaciones aún más profundas. Se espera que las próximas fases de la investigación alcancen a grandes droguerías y proveedores del sector salud que habrían participado del mismo circuito desde diciembre de 2023.
"Todo el sistema de compras fue un negocio", sintetizaron las fuentes judiciales al describir el periodo investigado, marcando que la prioridad del organismo no fue la asistencia a personas con discapacidad, sino el beneficio de un círculo de proveedores privilegiados.
