El armado electoral de Javier Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha quedado bajo la lupa tras revelarse los antecedentes profesionales de quien encabeza la lista de diputados nacionales. El foco de la controversia apunta a la relación del candidato con un bufete jurídico que representó a intereses financieros extranjeros en juicios millonarios contra la República Argentina, particularmente en casos emblemáticos como el de la aerolínea de bandera.

Informes recientes vinculan la estructura legal del postulante con el estudio Fargosi, firma que actuó como patrocinante del fondo Burford durante el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Aquel proceso legal resultó en un duro golpe para las arcas públicas, con un costo estimado en 400 millones de dólares para el país. En esa oportunidad, el fondo de inversión —que suele adquirir derechos de litigio para enfrentar a Estados nacionales— logró una rentabilidad extraordinaria, obteniendo cerca de 140 millones de dólares, una cifra que superó con creces su inversión inicial en el pleito.

La trama suma complejidad al analizar el rol del Estado, que debió afrontar no solo las indemnizaciones, sino también honorarios profesionales que superaron los 900 mil dólares en favor del mencionado estudio. Los registros históricos añaden un componente familiar a la disputa: mientras se desarrollaba el fallo durante la gestión de Mauricio Macri, un allegado directo al candidato ocupaba cargos directivos en la propia aerolínea, tras haber tenido un paso previo por la compañía bajo la administración del Grupo Marsans.

Incluso los antecedentes se remontan a la década del 90, con registros de litigios contra la empresa poco después de su privatización. Ante la difusión de estos datos, desde el entorno del legislador intentaron tomar distancia de la firma legal, asegurando que el candidato se desvinculó de la actividad del estudio familiar a finales de los años 80 para seguir un camino independiente.

Pese a las aclaraciones, la designación como primer candidato en un distrito de peso vuelve a poner en debate la coherencia entre el discurso de austeridad estatal y la elección de figuras vinculadas a procesos judiciales que han significado erogaciones masivas de fondos públicos hacia capitales especulativos.