La crisis de financiamiento que asfixia al sector de la discapacidad en todo el país tiene un capítulo crítico en Salta. Victoria Sarmiento, presidenta de la Asociación Salteña Síndrome de Down Colibrí, alzó la voz para denunciar el estado de desprotección que atraviesan tanto las instituciones como las familias ante los sistemáticos retrasos en los pagos estatales y de obras sociales.

Un sistema al borde del colapso

El reclamo de Sarmiento se suma a las señales de alerta emitidas por entidades referentes como HIRPACE y la Fundación ANIDAR, cuyas autoridades ya advirtieron que la continuidad de sus servicios está en riesgo.

Según la referente, el impacto es devastador para la logística diaria:

·Costos operativos: Instituciones y profesionales deben afrontar alquileres y el mantenimiento de vehículos con ingresos congelados o adeudados.

·Insumos básicos: El aumento del combustible y los servicios básicos vuelve "insostenible" el funcionamiento de los centros de rehabilitación.

·El factor humano: Sarmiento alertó sobre un cambio en el clima social del sector, pasando de la desesperación a una "peligrosa resignación" que podría desmovilizar los reclamos legítimos.

Denuncia por estigmatización oficial

Más allá de lo económico, la titular de Colibrí cargó contra lo que define como una "campaña de ataque hacia los más vulnerables" proveniente de organismos nacionales. En particular, cuestionó los discursos que buscan deslegitimar las pensiones no contributivas bajo sospechas de irregularidades no comprobadas.

"Se instaló la versión de que existían certificados falsos cuando ninguna auditoría respaldaba esa idea", señaló Sarmiento, vinculando estas narrativas con una estrategia institucional para justificar el recorte de recursos básicos.