El ecosistema de alta montaña en Argentina se encuentra en el centro de una disputa legislativa. El Gobierno Nacional impulsa esta semana una modificación profunda de la Ley 26.639, una normativa vigente desde 2010 que es referencia global por su nivel de protección de los cuerpos de hielo. La reforma busca flexibilizar las restricciones actuales para permitir actividades económicas en zonas hoy resguardadas.
Los ejes del cambio: autonomía provincial y explotación
El núcleo del proyecto oficialista propone trasladar a las administraciones provinciales la facultad de decidir qué cuerpos de hielo mantener bajo protección.
·Desguace del Inventario: Las provincias podrían determinar si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante. En caso negativo, el IANIGLA —organismo técnico del CONICET— estaría obligado a eliminarlo del registro oficial.
·Apertura a la industria: Al reducir el área de protección, se habilitaría la instalación de infraestructura para la minería e hidrocarburos en zonas del ambiente periglacial que hoy están estrictamente prohibidas.
·Fin de prohibiciones críticas: Actualmente, la ley impide la liberación de contaminantes y la construcción de grandes obras sobre estas reservas de agua; restricciones que quedarían en duda con la nueva normativa.
La postura de la comunidad científica
Especialistas del CONICET advierten que esta medida vulnera el principio de no regresión ambiental. La doctora Gabriela González Trilla destaca que, si bien las leyes pueden modificarse, no deben desproteger lo que ya cuenta con resguardo jurídico, especialmente en regiones áridas donde los glaciares de escombro son vitales para el suministro de agua dulce.
Federalismo vs. Presupuestos Mínimos
El Gobierno fundamenta su propuesta en la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales. Sin embargo, desde el ámbito científico se recuerda que, aunque las provincias poseen el dominio de los recursos, es facultad de la Nación fijar un piso mínimo de protección que no puede ser perforado por intereses locales o de mercado.
El desenlace en el Congreso determinará si Argentina mantiene su política de soberanía ambiental o si cede la protección de sus reservas estratégicas de agua ante las demandas de los sectores extractivos internacionales.
