El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 8 analiza un caso que podría sentar un precedente histórico para las fuerzas de seguridad argentinas. El agente Carlos Saúl Espinosa ha judicializado su apartamiento de la Policía Federal Argentina (PFA), denunciando que la figura de "prescindibilidad" utilizada en su contra es, en realidad, una cesantía encubierta respaldada por decretos de gobiernos de facto.
El eje del conflicto: El Decreto-Ley 21.965
La demanda de Espinosa no solo busca su reincorporación, sino que ataca la raíz legal de la estructura policial actual. El agente solicita la inconstitucionalidad de las normas que rigen la fuerza desde hace más de cuatro décadas:
Origen de la norma: El cuestionado decreto-ley 21.965 fue sancionado en 1979 por Jorge Rafael Videla, y su reglamentación (decreto 1.866/83) lleva la firma de Reynaldo Bignone.
El argumento central: Espinosa sostiene que estas leyes otorgan facultades discrecionales absolutas a la jerarquía policial, permitiendo despedir personal sin sumario previo ni derecho a la defensa.
Contradicción constitucional: La demanda plantea que este marco normativo es incompatible con la Reforma de la Constitución de 1994 y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Vulneración de Derechos y Garantías
El escrito presentado (expediente 1143/2021) detalla cómo la declaración de "prescindibilidad" choca contra principios fundamentales del derecho administrativo y laboral:
Estabilidad del Empleo Público (Art. 14 bis): Se invoca la jurisprudencia de la Corte Suprema (fallos "Madorrán" y "López"), que protege al trabajador estatal frente a despidos arbitrarios.
Debido Proceso: El agente califica los procedimientos internos de la PFA como "inquisitivos", señalando que la falta de independencia de quienes juzgan (sujetos a la cadena de mando) impide un juicio justo.
Sanción Disciplinaria Disfrazada: Espinosa argumenta que declararlo "prescindible" fue una forma de castigarlo sin pasar por los mecanismos legales de un sumario administrativo formal.
Relevancia Institucional
Este caso pone bajo la lupa la Ley Orgánica de la Policía Federal. Si el juzgado falla a favor de Espinosa, el Ministerio de Seguridad podría verse obligado a revisar toda la normativa interna de la fuerza para adecuarla a los estándares democráticos actuales.
La resolución del fuero contencioso administrativo determinará si una estructura legal dictada bajo un régimen militar puede seguir regulando la estabilidad y carrera de los efectivos policiales en el siglo XXI.
