El Gobierno nacional, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, ha dispuesto que todos los empleados de la administración pública que alcancen los 65 años deben iniciar su trámite jubilatorio de manera inmediata. A diferencia del régimen anterior, que permitía a ciertos sectores extender su actividad, el nuevo marco normativo limita la continuidad laboral a un máximo de seis meses.
El impacto en quienes no tienen los aportes
El punto más crítico de la medida afecta a los trabajadores que, a pesar de tener la edad, no alcanzan los 30 años de aportes requeridos por ley. En estos casos, la normativa establece:
·Pase a la PUAM: Al no poder acceder a una jubilación ordinaria, estos empleados deberán tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
·Recorte de ingresos: La PUAM representa solo el 80% de un haber mínimo, lo que implica una caída drástica en el poder adquisitivo para trabajadores que venían percibiendo salarios estatales.
·Pérdida de derechos: A diferencia de la jubilación común, la PUAM no genera derecho a pensión por fallecimiento para el cónyuge.
Ajuste y cifras del empleo público
Esta decisión se suma a un proceso de achicamiento del Estado que fue particularmente agresivo durante el último año. Según los datos oficiales:
·Reducción en 2025: El empleo público nacional cayó más del 18%.
·Puestos eliminados: Se contabilizaron más de 63.000 bajas entre despidos, retiros voluntarios y contratos no renovados.
·Objetivo fiscal: El Gobierno sostiene que el Estado "no puede ser un refugio" y que la digitalización y desburocratización permiten funcionar con una dotación mucho menor.
La reacción gremial: "Cruel e inhumana"
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el rechazo fue rotundo. Los sindicatos advierten que la medida es una "expulsión encubierta" que arroja a la pobreza a personas que dedicaron décadas al servicio público pero que, por la propia informalidad o vaivenes del Estado en años anteriores, no llegan a la cantidad de aportes.
Se espera que la medida genere una ola de amparos judiciales, ya que los trabajadores afectados alegan que se vulnera el derecho a la estabilidad del empleado público y el principio de seguridad social.
