La Patagonia argentina enfrenta una de las catástrofes ambientales más devastadoras de las últimas décadas. Desde el inicio del verano, el fuego ya ha consumido un total de 229.000 hectáreas, una cifra que forzó este martes a los mandatarios de la región a una cumbre de urgencia. Los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa coordinaron una estrategia común para presionar al Poder Ejecutivo Nacional ante lo que califican como un "abandono" de las zonas en peligro. (Foto gentileza LPO)
El reclamo por el desfinanciamiento federal
El eje de la protesta radica en la exigencia de que el presidente Javier Milei dicte la Emergencia Nacional. Esta medida permitiría desbloquear fondos específicos para el combate del fuego, recursos que hoy se encuentran restringidos debido a un recorte real del 78% en el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para este año.
Los mandatarios señalaron que la situación en los Parques Nacionales —áreas bajo control federal— es crítica. Mientras que en las jurisdicciones provinciales se ha logrado reaccionar con fondos propios, en reservas como Los Alerces la falta de brigadistas y equipamiento ha dejado focos de incendio fuera de control. A esto se suma la parálisis de obras clave, como el Comando de Operaciones "Las Golondrinas", que el Gobierno nacional dejó inconcluso.
Un mapa del desastre en cifras
La magnitud del daño territorial se distribuye de manera desigual pero alarmante por toda la región:
·La Pampa: Es el distrito más golpeado, con una pérdida catastrófica de 168.000 hectáreas de zonas rurales.
·Chubut: Las llamas ya devoraron 45.000 hectáreas, afectando gravemente los bosques nativos.
·Río Negro y Neuquén: Entre ambas provincias suman más de 16.000 hectáreas afectadas, con focos que siguen activos debido a la sequía extrema.
·Santa Cruz: Registra unas 700 hectáreas quemadas en zonas de difícil acceso logístico.
Crisis económica y climática
Las provincias de Chubut y Río Negro informaron que ya han invertido más de 10.000 millones de pesos en logística y combustible, agotando sus arcas ante una sequía que no tiene precedentes desde finales de la década del 60.
La tensión política se profundiza ante la postura del Gobierno nacional, que minimiza el impacto del cambio climático. Los gobernadores advierten que, sin una intervención federal inmediata, los recursos locales serán insuficientes para frenar el avance del fuego en un contexto meteorológico que no prevé alivio en el corto plazo.
