En la antesala de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de protección de cuencas glaciares enfrenta una fuerte contraofensiva de sectores científicos y jurídicos. La iniciativa busca flexibilizar las restricciones actuales, lo que ha puesto en alerta a organizaciones ambientales que denuncian un intento de priorizar la actividad extractiva sobre el patrimonio hídrico.
El debate sobre el "Retroceso Ambiental"
Uno de los argumentos centrales de la oposición al proyecto radica en la posible inconstitucionalidad de la medida. Especialistas señalan que la reforma colisiona con acuerdos internacionales ratificados por Argentina:
·Acuerdo de Escazú: Este tratado, de jerarquía superior a las leyes nacionales, consagra el "principio de no regresión". Bajo este concepto, el Estado tiene prohibido dictar normativas que disminuyan los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
·Seguridad Hídrica: Desde organizaciones como Greenpeace advierten que los glaciares no son solo un paisaje, sino reservas estratégicas de agua dulce que garantizan el suministro a nivel nacional frente al cambio climático.
Intereses corporativos vs. Marco Legal
Para referentes del derecho ambiental, la propuesta oficial representa una "adecuación normativa a medida". El abogado Enrique Viale sostiene que la intención oficial es invertir la lógica jurídica: en lugar de que los emprendimientos mineros se adapten a la ley de preservación, se pretende modificar la ley para facilitar los proyectos de corporaciones multinacionales.
Según los críticos de la reforma, este cambio de reglas de juego genera una profunda inseguridad jurídica, ya que las leyes de protección de recursos naturales quedarían sujetas a las necesidades coyunturales de los sectores económicos concentrados.
Para Viale, la empresa Barrick Gold “siempre fue la que estuvo detrás del embate contra la ley de glaciares, incluso accionó judicialmente y la Corte Suprema rechazó el planteo al declarar que esta norma era constitucional, pero hace muchos años que vienen contra esta ley porque Barrick Gold tiene un emprendimiento minero, el San Juan Veladero, el cual está en zonas hoy prohibidas”.
