La gestión de Claudio "Chiqui" Tapia enfrenta un nuevo y complejo frente judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, ha formalizado una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades financieras que involucran el uso de comprobantes apócrifos y la salida de fondos sin el respaldo documental que exige la ley.
El mecanismo de la sospecha
A diferencia de otras auditorías, esta investigación se originó mediante sofisticados sistemas de alerta de riesgo. Estos mecanismos detectaron un patrón sistemático: la AFA habría canalizado pagos millonarios hacia empresas calificadas como "contribuyentes no confiables". Se trata de firmas que, en los papeles, facturaban cifras astronómicas pero que, al ser inspeccionadas, carecían de empleados, maquinaria o incluso de domicilios reales.
Para los peritos de ARCA, no se trata de errores contables aislados, sino de una maniobra diseñada para ocultar el destino final del dinero y reducir artificialmente la carga impositiva. La figura legal utilizada es la de "salidas no documentadas", un concepto que se aplica cuando una entidad realiza pagos que no tienen una contraprestación real comprobable.
El impacto económico y los períodos investigados
La investigación administrativa, que ya fue notificada a la justicia federal, pone el foco en las operaciones realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025. Los ajustes fiscales reclamados se dividen de la siguiente manera:
·Ejercicio 2024 y 2025: Son los periodos más comprometidos, con inconsistencias que superan los 181 y 170 millones de pesos respectivamente, sumando tanto resoluciones administrativas como cruces de datos sistémicos.
·Ejercicio 2023: Se detectaron irregularidades tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el IVA por montos que superan los 24 millones de pesos.
En total, este nuevo expediente estima un perjuicio al fisco de 375 millones de pesos, una cifra que se suma a una denuncia previa mucho más voluminosa que ascendía a los 19 mil millones de pesos por evasión tributaria y previsional.
La defensa de la AFA y el curso legal
Desde la calle Viamonte, la respuesta ha sido el rechazo tajante a las liquidaciones presentadas por el organismo recaudador. Ante la falta de acuerdo, ARCA ha procedido con la determinación de oficio, un paso legal que profundiza la auditoría y deja la resolución final en manos de la Justicia.
El expediente actual cuenta con pruebas contundentes: fotografías de domicilios inexistentes, informes bancarios que muestran retiros inmediatos de efectivo tras el cobro de cheques y perfiles de socios que figuran en múltiples empresas fantasmas. Aunque todavía no existe una imputación penal formal, la solidez de los informes técnicos presentados ante el juez sugiere que la causa podría escalar rápidamente hacia un proceso por delito penal tributario.
