El proyecto de ley de "Modernización Laboral" que impulsa el oficialismo propone un cambio de raíz en la filosofía del derecho del trabajo en Argentina. De sancionarse en sus términos actuales, la normativa transformaría la naturaleza del resarcimiento por despido, que pasaría de ser una protección contra la arbitrariedad a un costo operativo previsible y reducido para las empresas. Expertos en la materia advierten que, en la práctica, la pérdida del valor real de lo que percibe un trabajador podría alcanzar el 44%.

El desmantelamiento de la base de cálculo

Históricamente, el cálculo de una indemnización en Argentina ha buscado reflejar la capacidad económica total del empleado. Por eso, además del sueldo básico, se incluían conceptos como la parte proporcional del aguinaldo, las vacaciones no gozadas, las horas extras habituales y beneficios como vales de comida o el pago de internet.

La reforma propone un cerco estricto: el "mejor sueldo" pasaría a ser casi el único factor. Al excluir todos los adicionales no remunerativos y los extras, la base sobre la cual se multiplica la antigüedad se encoge. Para un trabajador que percibe bonos o realiza horas suplementarias de forma constante, esto representa un golpe directo al capital que recibirá al ser desvinculado.

El límite a la trayectoria: El tope de los 10 años

Quizás el punto más disruptivo es la imposición de un techo de 10 sueldos como máximo. Bajo la Ley de Contrato de Trabajo vigente, la antigüedad es un derecho acumulativo: a mayor tiempo en la empresa, mayor es el costo de despido. Esto funciona como un incentivo para la retención de personal con experiencia.

Con la nueva ley, el reconocimiento por los años de servicio se detiene en la década. Un empleado con 15, 20 o 30 años de lealtad a una firma valdría, a los ojos de la liquidación final, lo mismo que uno con 10 años. Este cambio facilita el recambio de plantillas envejecidas, permitiendo a las patronales prescindir de personal con salarios más altos (por antigüedad) a un precio fijo y mucho más accesible.

La licuación del capital: Pago en cuotas e intereses mínimos

Incluso si el monto de la indemnización ya llega recortado, la reforma introduce un mecanismo que afecta su poder adquisitivo: el pago fraccionado. El empleador dejaría de estar obligado a depositar el total en un solo pago dentro de las 96 horas de la cesantía, quedando habilitado para ofrecer un plan de hasta 12 cuotas mensuales.

En un contexto inflacionario, recibir el resarcimiento a lo largo de un año implica una pérdida automática de valor. Esto se agrava al establecer un tope para los intereses judiciales (inflación más un 3% anual), eliminando las tasas activas que aplicaba la justicia para evitar que el paso del tiempo beneficiara al deudor. Así, el incentivo para que una empresa cumpla rápidamente desaparece, ya que financiar la deuda laboral se vuelve más económico que cualquier préstamo bancario.

Una reconfiguración del riesgo empresario

En conclusión, el proyecto no solo busca "modernizar" las relaciones, sino redistribuir el riesgo. Mientras que el sistema actual coloca la carga del despido sobre el empleador para desalentar la inestabilidad laboral, el nuevo esquema traslada el peso al trabajador. Al abaratar el costo de salida y permitir su financiación, el despido pierde su carácter disuasorio y se convierte en un trámite administrativo que deja al trabajador con menos recursos y menor seguridad económica para encarar su reinserción en el mercado.