La Confederación General del Trabajo (CGT) rompió el silencio frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, poniendo el foco en un punto que, según advierten, tendrá un impacto devastador en la vida cotidiana de millones de argentinos: el desfinanciamiento del sistema de salud sindical. A través de un duro comunicado, la central obrera aseguró que la reducción de las cargas patronales no se traducirá en mayor empleo, sino en una degradación directa de las prestaciones médicas para las familias trabajadoras.
El recorte en números: del 6% al 5%
El eje del conflicto radica en la propuesta oficial de disminuir la contribución patronal destinada a las obras sociales, reduciéndola de un 6% a un 5%. Aunque la diferencia porcentual parece mínima, la CGT sostiene que representa un recorte masivo de recursos en un sistema que ya se encuentra bajo presión por la inflación en insumos médicos y medicamentos.
"Esta disminución no es un ahorro real para el sector empresario, pero sí es un retroceso en un derecho básico para el trabajador", sentenciaron desde la central.
Según el análisis gremial, menos fondos implican necesariamente un recorte en la cartilla de servicios, menos turnos disponibles y una caída en la cobertura de tratamientos de alta complejidad.
Las consecuencias directas para el afiliado
La central obrera detalló una lista de servicios que entrarían en "zona de riesgo" si la reforma se aprueba tal como está redactada:
·Medicamentos y odontología: Mayores topes y menores descuentos para el acceso a fármacos y prácticas dentales.
·Estudios diagnósticos: Demoras prolongadas para turnos de laboratorio, radiografías y alta tecnología.
·Infraestructura: Un deterioro en la red de sanatorios y centros de atención propios que gestionan los gremios.
"No es una caja, es la salud de la gente"
Frente a las críticas que señalan a las obras sociales como un foco de "cajas políticas", la CGT fue tajante al aclarar que estos organismos se sostienen exclusivamente con el aporte del trabajo registrado. "Las obras sociales no reciben subsidios estatales ni se financian con impuestos. Si se ataca el salario y se reducen los aportes, lo que se está atacando es la salud de los trabajadores", explicaron.
El comunicado concluye con una advertencia que trasciende lo estrictamente gremial para situarse en el plano de la salud pública: "Sin trabajo registrado no hay obras sociales, y sin ellas, el sistema público de salud colapsará al tener que absorber a millones de personas que hoy se atienden en el sistema solidario".
Para la CGT, el debate ha dejado de ser una discusión de costos laborales para convertirse en un problema sanitario nacional que afecta el acceso a una atención digna y equitativa.
