​El jefe del bloque de Unión por la Patria vinculó la disolución del organismo con un "plan de impunidad" para proteger a funcionarios nacionales tras el escándalo de los audios.

​Buenos Aires, 30 de diciembre de 2025. – El anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una inmediata reacción de la oposición. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que la decisión del Ejecutivo no responde a una búsqueda de eficiencia administrativa, sino a un intento de destruir pruebas en medio de una investigación por corrupción.

​Un "plan de impunidad"

​A través de sus redes sociales, el diputado santafesino fue contundente al calificar la medida: “Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”. Según Martínez, el cierre del organismo es la pieza final de un esquema diseñado para blindar a los responsables del presunto pedido de retornos a proveedores de salud.

​"No es reestructuración, es un plan de impunidad", sentenció el legislador kirchnerista.

​El trasfondo: El escándalo de los laboratorios

​La decisión del Gobierno, comunicada hoy por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se produce meses después de que estallara una crisis interna en el organismo. El eje del conflicto son una serie de audios filtrados que involucran al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.

​En dichas grabaciones, se mencionaba una presunta trama de sobornos vinculada a los contratos con laboratorios proveedores de medicamentos. Los puntos más críticos de la denuncia son:

​El porcentaje: Se investiga un supuesto pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos.
​Menciones jerárquicas: Los audios salpicaron a la Secretaría General de la Presidencia, sugiriendo una estructura de recaudación que ascendía en la pirámide de poder de la

Casa Rosada.

​Reestructuración o desmantelamiento

​Mientras el oficialismo argumenta que la medida busca optimizar recursos y eliminar "nichos de corrupción" heredados, la oposición advierte sobre dos frentes:
​Judicial: La desaparición de la estructura administrativa de la ANDIS podría dificultar el acceso a registros, expedientes y trazabilidad de los pagos bajo sospecha.
​Social: El temor por la continuidad de las pensiones no contributivas y la cobertura de prestaciones para las personas con discapacidad.