Tras la presentación del Ministerio de Seguridad, la Justicia concedió el recurso con efecto suspensivo. La ministra Alejandra Monteoliva aseguró: "No vamos a dar un paso atrás".
Buenos Aires — El Gobierno nacional formalizó este martes la apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, que la semana pasada había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes. Con esta medida, el Poder Ejecutivo logró que la resolución judicial quede suspendida, garantizando que la normativa continúe vigente y sea aplicable en futuras manifestaciones y cortes de calle.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el juzgado concedió el recurso con "ambos efectos". Esto significa, en términos jurídicos, que la sentencia de nulidad no se ejecutará hasta que la Cámara Federal resuelva la cuestión de fondo.
El origen del conflicto
La controversia judicial se inició tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo cuestionó la constitucionalidad de la Resolución 943/23, diseñada originalmente por la gestión de Patricia Bullrich, alegando que vulneraba derechos de protesta.
En su fallo inicial, el juez Cormick consideró que el protocolo carecía de los elementos necesarios para ser un "acto administrativo válido". Sin embargo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, rechazó tajantemente esta interpretación.
“El protocolo sigue vigente y puede aplicarse. La Justicia nos dio la razón al conceder el recurso y suspender los efectos de la sentencia”, afirmó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.
Defensa de la normativa
Para el Ejecutivo, el protocolo es una herramienta clave para garantizar la libre circulación. Monteoliva reforzó la postura oficial señalando que la medida responde a una necesidad operativa y jurídica:
* Decisión política: "El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras", sostuvo la ministra.
* Fundamentos: El Gobierno argumenta que la normativa posee bases técnicas sólidas que han devuelto "tranquilidad" a los ciudadanos.
* Críticas a la Justicia: La funcionaria calificó el fallo de nulidad como un intento de la "vieja política" por obstaculizar el orden público.
El escenario judicial
A pesar de la apelación, el fallo de Cormick dejaba abierta una puerta para futuros reclamos, indicando que aquellas personas que se sientan perjudicadas por el accionar policial podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal.
Por ahora, la operatividad de las fuerzas de seguridad en las calles se mantendrá sin cambios, a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte de la Cámara que determine, finalmente, si el protocolo es constitucional o debe ser anulado definitivamente.
