La reciente aprobación del Presupuesto 2026 ha desatado una ola de rechazo unánime entre los sindicatos docentes, universitarios y organismos de ciencia de Argentina. El eje del conflicto se centra en el Artículo 30, una cláusula que deroga los pisos mínimos de inversión garantizados por ley, dejando el financiamiento de áreas estratégicas a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
El fin de la previsibilidad presupuestaria
Para las organizaciones gremiales como CTERA, CONADU Histórica y ATE-INTA, la nueva normativa desarticula décadas de consensos legislativos. Los puntos de mayor fricción incluyen:
·Eliminación del piso educativo: Se suprime la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación.
·Desfinanciamiento científico: Desaparece el esquema de inversión progresiva que protegía al CONICET, INTA, INTI y el Instituto Malbrán.
·Golpe a la formación técnica: Se elimina el fondo específico destinado a la educación técnico-profesional.
Voces de alerta: "Conflictividad social" y deserción
Desde la conducción de CTERA, Sonia Alesso calificó la medida como un retroceso histórico que compromete las bases del sistema público. Según la dirigente, la redirección de fondos hacia el pago de deuda y gastos de inteligencia impactará directamente en los salarios provinciales y el mantenimiento escolar, vaticinando un inicio de ciclo lectivo 2026 marcado por la alta conflictividad social.
En el ámbito universitario, el diagnóstico es igualmente crítico. Antonio Rosselló (CONADU Histórica) advirtió que el deterioro salarial —con ingresos básicos que rondan los $250.000— ya está provocando una renuncia masiva de docentes y el abandono de estudiantes, poniendo en jaque el funcionamiento de las facultades donde se genera el 60% de la ciencia del país.
Impacto en la soberanía y el territorio
La preocupación se extiende a los organismos técnicos con despliegue geográfico. Delegados del INTA señalaron que la pérdida de recursos fijos destruye el vínculo del Estado con los pequeños productores y las economías regionales. Denuncian que el modelo impulsa retiros voluntarios y una centralización que debilita la soberanía alimentaria y la asistencia técnica en el interior del país.
Comparativas históricas y futuro inmediato
Los referentes sindicales coinciden en que este esquema de austeridad supera incluso a las políticas de los años 90. Al no existir un resguardo legal que obligue al Estado a invertir porcentajes fijos de la riqueza nacional en conocimiento, los gremios consideran que el objetivo de fondo es una reforma estructural del rol estatal. Ante este panorama, los sectores involucrados se declaran en estado de alerta, anticipando un año de paros y movilizaciones si no se establecen mecanismos que aseguren el funcionamiento básico de la educación y la ciencia.
