El Gobierno Nacional ha decidido retomar una de las discusiones más complejas de la agenda social y sanitaria: la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Tras el fallido intento de incluir estos cambios en la versión original de la Ley Bases, la administración central prepara un proyecto de ley independiente que será remitido al Congreso de la Nación tras la apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.
Los pilares del nuevo proyecto La iniciativa, motorizada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, busca actualizar una normativa que data de 2010 y que, según el Ejecutivo, presenta serias dificultades operativas. El eje central de la reforma apunta a flexibilizar el régimen de internaciones involuntarias. El objetivo es dotar al Poder Judicial de herramientas más ágiles para autorizar hospitalizaciones cuando el paciente represente un riesgo inminente para sí mismo o para terceros, un punto que hoy genera constantes cuellos de botella legales.
Demandas y puntos críticos La propuesta gubernamental intenta dar respuesta a una crisis multifacética que involucra a tres actores principales:
·Familias: Que denuncian la imposibilidad de internar a pacientes con cuadros severos o adicciones graves bajo el esquema actual.
·Fuerzas de Seguridad: Que carecen de protocolos claros para intervenir en episodios de brotes psicóticos en la vía pública.
·Sistema Sanitario: Que enfrenta una falta crónica de dispositivos intermedios y centros especializados.
Propuestas de cambios estructurales Además de las internaciones, el borrador del proyecto contempla la reestructuración del Órgano de Revisión, la creación de instituciones de atención específica y una revisión de los protocolos de rehabilitación y egreso. Desde el oficialismo, se especula con que el presidente Javier Milei utilice su discurso ante la Asamblea Legislativa para sentar las bases políticas de esta reforma, argumentando la necesidad de pasar de un modelo puramente declarativo a uno que garantice asistencia real en situaciones de urgencia.
Un escenario de fuerte resistencia A pesar de los argumentos oficiales, el debate se anticipa ríspido. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de profesionales de la salud mental ya han manifestado su preocupación, advirtiendo que cualquier modificación que priorice la judicialización por sobre el acompañamiento comunitario podría significar un retorno al modelo manicomial y una vulneración de los derechos adquiridos en la última década.
