La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha puesto el foco en la Cámara Alta para frenar lo que consideran un retroceso sin precedentes en la legislación escolar argentina. El eje del conflicto es el Artículo 30 del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, una cláusula que, según el gremio, anula de facto la obligación estatal de invertir el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación.

Para el sindicato, esta medida no es solo un recorte contable, sino un desmantelamiento de las garantías legales que sostienen la educación técnico-profesional y el desarrollo científico. CTERA advierte que, de aprobarse tal como está, el Estado quedaría liberado de mantener los niveles mínimos de financiamiento, dejando a escuelas, universidades y centros de investigación a merced de la discrecionalidad política del gasto público del próximo año.