El proyecto que ingresó al Senado apunta a modificar leyes clave, afectando la colegiación obligatoria de abogados, contadores, arquitectos y profesionales de la salud, entre otros. Las entidades advierten sobre un posible descontrol ético y operativo.
Un aspecto central del proyecto de Ley de Modernización Laboral, presentado esta semana en el Senado, reside en la profunda desregulación de las profesiones liberales al proponer la eliminación de la matriculación obligatoria para el ejercicio profesional. La medida impacta directamente en el poder y la estructura económica de los Consejos y Colegios Profesionales de todo el país.
El mecanismo de la desregulación
El proyecto de reforma laboral no solo deroga normas específicas que afectan a diversas profesiones, sino que también ataca el marco regulatorio general que sostiene la obligación de colegiarse.
Los principales cambios y efectos se logran mediante:
Derogación de cláusulas específicas: Se derogan leyes reglamentarias que obligaban a la colegiación para ciertas actividades, incluyendo normativas clave que alcanzan a profesionales de la salud en la Provincia de Buenos Aires (médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos y veterinarios).
Afectación del marco general: La iniciativa deja sin efecto partes de leyes marco, como la Ley 12.713, en lo referente a la obligatoriedad.
Cláusula "paraguas": La inclusión de la frase "toda otra norma que se oponga o colisione" busca invalidar de facto el espíritu de cualquier regulación, incluso aquellas no listadas explícitamente (como el Decreto Ley 16.925/62 sobre colegios y consejos), que impongan la colegiación.
En esencia, la ley apunta a desmantelar la base legal que otorga a los Colegios Profesionales el poder de exigir la matrícula para habilitar el ejercicio de la abogacía, contaduría, arquitectura, corretaje y otras profesiones.
La postura de los Colegios: Ética en riesgo
La respuesta de las entidades profesionales no se hizo esperar. Los Consejos y Colegios defienden la matriculación obligatoria como un mecanismo esencial para el resguardo ciudadano y la calidad profesional.
Los argumentos centrales esgrimidos por las entidades son:
Garantía de Ética y Decoro: La colegiación permite a las entidades ejercer el poder disciplinario sobre sus matriculados, sancionando faltas éticas o mala praxis.
Control de Habilitación: Asegura que solo quienes poseen títulos válidos y cumplen los requisitos legales puedan ejercer la profesión.
Protección al Ciudadano: El control disciplinario es visto como un resguardo frente al ejercicio ilegal o indebido.
La eliminación de la matrícula obligatoria se considera un "golpe directo" a la autonomía operativa y a la economía de los colegios y consejos, ya que dejarían de percibir las cuotas y aportes obligatorios.
El impacto en el ejercicio profesional
De aprobarse la reforma, la práctica diaria de los profesionales se verá alterada en varios frentes:
