La séptima sesión del proceso judicial conocido como la causa "Cuadernos"—donde la figura central es la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner—se enfocó en la detallada exposición del requerimiento fiscal. Tras desecharse un intento de apartar a los jueces (una recusación in limine presentada por la defensa del exministro Julio De Vido), el tribunal procedió a escuchar los pormenores de la acusación.

Los fiscales Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita están liderando la acusación, la cual sostiene que la expresidenta encabezó una sofisticada asociación ilícita que habría recaudado sobornos estimados en al menos $17 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública, abarcando el periodo de 2003 a 2015.

La estructura de la red de sobornos

El argumento central del Ministerio Público Fiscal se basa en la existencia de un sistema de corrupción organizado con roles claramente definidos, tal como lo documentaron las anotaciones del chofer Oscar Centeno en sus cuadernos. La jerarquía, según la fiscalía, estaba establecida de la siguiente manera:

·Jefatura: Cristina Fernández de Kirchner, señalada como la líder o cabeza de la red.

·Coordinación General: Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), quien supuestamente supervisaba la operación desde su cartera.

·Logística y Traslado: Roberto Baratta, responsable de la operatoria de los sobornos, incluyendo la recepción y transporte de dinero en efectivo ("bolsos").

·Pagadores: Los empresarios de la construcción implicados, quienes habrían mantenido el flujo de dinero ilegal.

El capítulo "La Camarita" y la cartelización

La acusación fiscal incluyó la lectura de las anotaciones de Centeno y el análisis del expediente subsidiario denominado "La Camarita". Este segmento, que suma 420 páginas, imputa a Fernández de Kirchner más de 175 hechos de cohecho pasivo por presuntos pagos ilícitos entre 2007 y 2015.

El eje de "La Camarita" es el señalamiento de un "cartel de empresas viales". Este grupo de constructoras—mencionado en el documento con nombres como Panedile, Faraday e Industrias Juan F. Secco—se habría dedicado a repartirse las licitaciones públicas de manera coordinada, destinando luego un porcentaje de las ganancias obtenidas a los funcionarios estatales como pago ilegal.

La audiencia se desarrolló de manera virtual, sin las dificultades técnicas que afectaron la jornada previa. El proceso judicial continuará la próxima semana, con la octava audiencia fijada para el martes.