El pedido del fiscal jefe Fernando Fuentes y del fiscal del caso Víctor Salgado, para que dos de los cuatro acusados por defraudar por más de $128 millones a la Municipalidad de Andacollo cumplan prisión preventiva, fue rechazado por la jueza de garantías que dirigió la audiencia.

La acusación se efectuó ayer y comprendió a dos funcionarios públicos, Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes); y a dos comerciantes de la localidad, proveedores de la municipalidad a través de un corralón particular, K.C.V y J.C.V.

Al momento de resolver, la magistrada tuvo por formulados los cargos de manera inmediata, pero postergó hasta hoy la decisión sobre las medidas cautelares: rechazó los pedidos de prisión preventiva pero sí hizo lugar al embargo y a la inhibición de bienes hasta cubrir el monto de las estafas. En ese marco dispuso el embargo de las cuentas bancarias de dos exfuncionarios acusados, mientras que los otros dos imputados depositarán $130 millones en una cuenta judicial.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) habían solicitado que en el caso de los comerciantes J.C.V y K.C.V, se impusiera la prisión preventiva por un plazo de tres meses por existir dos riesgos procesales: de no sometimiento al proceso y de entorpecimiento de la investigación. “Tienen solvencia económica como para evadirse del proceso, vínculos sociales como para influir en testigos y pueden interferir el proceso”, indicaron ayer, entre otros argumentos.

Respecto a las demás medidas cautelares que pidieron el fiscal jefe y el fiscal del caso, la jueza de garantías Alina Macedo Font sólo prohibió a Zenteno, J.C.V y K.C.V, mantener comunicación vinculada con los hechos de la investigación, por 3 meses, con el intendente y con un grupo de personas que trabajan en la municipalidad. Rechazó la prisión preventiva para los comerciantes y otras medidas de coerción, como prohibiciones para salir de la provincia para los funcionarios.

En relación con Leiva, no consideró probado que exista riesgo para el proceso, por lo que no fijó ninguna medida de coerción.

El fiscal del caso y la querella en representación del municipio solicitaron que un tribunal revise la decisión de la magistrada.