El Poder Ejecutivo Nacional inicia una fase más agresiva en su plan de achicamiento del Estado. Fuentes oficiales indican que la próxima ola de ajuste implicaría la desvinculación de un porcentaje similar al ya aplicado, afectando a miles de empleados de organismos descentralizados y empresas públicas a lo largo de 2026.
El Gobierno nacional avanza sin pausa en su compromiso de reducir la estructura del Estado. Se anticipa que la nueva etapa de ajuste fiscal podría conllevar la eliminación de aproximadamente el 10% de los puestos de trabajo en la administración pública. Aunque la Casa Rosada no ha oficializado la cifra, diversas fuentes confirman que el porcentaje se asemejaría a los recortes ya ejecutados desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Según el último informe del INDEC de octubre, la administración pública nacional –incluyendo organismos centralizados, descentralizados y empresas– suma 285.570 trabajadores. Desde diciembre de 2023, ya se han desvinculado más de 58.000 personas de diversas áreas estatales, incluyendo dependencias de seguridad y fuerzas militares.
Cronograma y enfoque del próximo ajuste
El inicio del nuevo proceso de cesantías se describe como "inminente". La estrategia se desplegará en un cronograma que se extenderá durante las próximas semanas y a lo largo de los dos primeros trimestres de 2026, coincidiendo con el vencimiento masivo de contratos que no serán renovados. Funcionarios destacan que algunos de estos vínculos laborales anuales datan incluso de gestiones anteriores, como la de Carlos Menem.
Mientras que el ajuste inicial se concentró en la estructura centralizada del Gobierno, esta nueva fase estará enfocada en los organismos descentralizados y autárquicos.
Entre las dependencias bajo análisis para la reducción de personal se encuentran:
·Organismos clave: INDEC, Conicet, ANSES y la Oficina Anticorrupción.
·Entes reguladores y técnicos: Coneau, Enargas, Enre, INTI, INTA y Enacom.
·Otros: Archivo General de la Nación, ARCA y Conadis.
Además de los recortes transversales, el plan incluye la eliminación definitiva de los registros automotores y la reducción de planteles en aquellas empresas públicas que están siendo preparadas para procesos de privatización. En Balcarce 50 señalan que la pausa previa, atribuida a cuestiones electorales, ha terminado y buscan acelerar las reformas.
Ejecución y control
La Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, junto al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, serán los responsables de la ejecución del plan.
Para asegurar el control del gasto futuro, el Proyecto de Presupuesto 2026 otorga a Adorni la potestad de autorizar nuevas contrataciones. El artículo 7 de dicho proyecto establece que ningún cargo vacante podrá cubrirse sin su aprobación previa. Otra línea de trabajo clave será la supresión de áreas con funciones duplicadas, una de las principales críticas del Gobierno al aparato público.
Retiros voluntarios en medios públicos
En paralelo a la no renovación de contratos, se está diseñando un plan de retiros voluntarios en el ámbito de los Medios Públicos. La Casa Rosada sostiene que entidades como la TV Pública y Radio Nacional, que emplean a cerca de 2.500 personas, pueden funcionar con una dotación de personal significativamente menor. Debido a la naturaleza de los vínculos laborales en ese sector, se buscarán acuerdos individuales para evitar conflictos masivos.
Con esta profundización del ajuste, la administración Milei busca consolidar su agenda de transformación del Estado a lo largo de 2026.
