La reunión anual del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas se convirtió en un escenario de confrontación entre los representantes del gobierno argentino y los expertos internacionales. La delegación oficial no solo vertió expresiones negacionistas respecto a la última dictadura, sino que también defendió y justificó la represión ejercida contra la protesta social.
Organismos argentinos de derechos humanos, incluyendo el CNPT, la CPM y el CELS, que asistieron al encuentro, denunciaron que los funcionarios nacionales no respondieron a ninguna de las preguntas técnicas, optando en cambio por una estrategia de "victimizarse y amenazar con tildar de falsas" las preocupaciones del Comité.
Las preguntas incómodas de la ONU
Los expertos independientes del CAT basaron sus cuestionamientos en informes presentados previamente por la sociedad civil argentina, que alertaban sobre la creciente violencia policial y la represión estatal durante la actual administración.
Los funcionarios presentes —el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; y el subsecretario de Asuntos Legales, Diego Goldman— no solo evitaron dar respuestas, sino que denigraron la labor del CAT y reiteraron sus habituales críticas contra los organismos locales de derechos humanos.
Goldman, en particular, desestimó las cifras de heridos en manifestaciones, calificándolas de "todas mentiras".
Una "regresión importante" en Derechos Humanos
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificó la postura oficial como una “regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos”.
La CPM había presentado un informe detallando la sistematicidad de la violencia policial contra la protesta social, que documentó al menos 2.467 heridos y 223 detenciones arbitrarias entre diciembre de 2023 y la fecha de la denuncia. El organismo también planteó la continuidad de graves violaciones en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) informó que el CAT puso énfasis en lo que consideró una "grave afectación a los derechos fundamentales" de los manifestantes, citando varias prácticas institucionalizadas y arraigadas, entre ellas:
·La existencia de prácticas metódicas y sistemáticas de violencia contra detenidos.
·Preocupación por el uso arbitrario de armas menos letales en movilizaciones.
·El mantenimiento de torturas y malos tratos en contextos de encierro.
·La existencia de un elevado número de personas privadas de su libertad en instalaciones con hacinamiento.
·Denuncias de acoso y violencia sexual contra mujeres detenidas, en condiciones de vulnerabilidad.
Defensa del protocolo y descalificación
Los representantes del gobierno vincularon las críticas al "protocolo antipiquetes" con una "oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones". Además, según reportes periodísticos, recurrieron a la descalificación y a la repetición de expresiones negacionistas ya conocidas, como el cuestionamiento a la cifra de desaparecidos o la referencia a supuestos "negocios" detrás de las políticas de memoria.
El funcionario Curi defendió la utilización de armas menos letales, llamándolas directamente “no letales”, y justificó su uso en protestas. Al ser consultado por el experto chileno Jorge Contesse sobre la legalidad y proporcionalidad del protocolo, Curi afirmó que “El derecho a manifestarse en paz está garantizado, si uno va a pegarle palos a la policía a tirar piedras eso es ilegal”, defendiendo la aplicación de figuras penales como daño y resistencia a la autoridad.
En un resumen lapidario, la CPM concluyó que, ante la imposibilidad de responder o aportar datos fiables, el gobierno optó por la estrategia de victimización y amenaza.
