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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto un punto final a dos causas penales de alto perfil contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El máximo tribunal declaró firmes dos condenas en su contra, lo que acarrea no solo penas de prisión en suspenso, sino la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los últimos recursos presentados por la defensa del exfuncionario, aplicando la figura de "inadmisibilidad". Con esta decisión, una de las figuras económicas más prominentes de la era kirchnerista queda formalmente excluida de la esfera pública por sentencia judicial.

Condena 1: las amenazas en papel prensa

La primera condena confirmada se remonta a hechos ocurridos el 12 de agosto de 2010.

·Hecho: Moreno irrumpió en una asamblea de accionistas de la empresa Papel Prensa. La escena, recordada por el uso de guantes de boxeo y un casco de sparring , implicó amenazas y la posterior interrupción forzada de la votación.

·Delito: Fue condenado por amenazas coactivas, con una pena de dos años y medio de prisión en suspenso.

Condena 2: Peculado y uso de fondos contra Clarín

La segunda sentencia ratificada por la Corte se relaciona con el uso indebido de recursos del Estado entre 2011 y 2013.

·Hecho: Se utilizó dinero público, canalizado a través de la Secretaría de Comercio, para financiar la producción de cotillón con consignas hostiles dirigidas contra el Grupo Clarín (ej. "Clarín miente").

·Delito: El exfuncionario fue hallado culpable de peculado (malversación de fondos públicos), en concurso real con incitación a la violencia colectiva. La pena impuesta fue de dos años de prisión en suspenso.

·Otros Involucrados: En esta misma causa también fueron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.

El significado de la inhabilitación

Al rechazar los recursos extraordinarios, la Corte no solo ratificó las penas de prisión en suspenso, sino que también dejó en firme la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, una consecuencia grave para quien fuera un actor central en la política económica nacional. La firmeza de estas sentencias cierra un extenso ciclo de litigios judiciales para el exsecretario.