La oposición endureció su ofensiva contra el Gobierno de Javier Milei este martes, apuntando a dos flancos clave en la Cámara de Diputados: el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y la capacidad del Poder Ejecutivo para gobernar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Caso $LIBRA: citan por la fuerza pública a funcionarios ausentes
La comisión investigadora del presunto esquema de corrupción en torno a la criptomoneda $LIBRA volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que preste declaración testimonial a las 16 horas de hoy.
La oposición, que lidera la comisión con la presidencia de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), mantiene escasas expectativas de que la hermana del Presidente se presente voluntariamente, ya que esta es su segunda citación. Ante los reiterados "faltazos" de testigos clave, la comisión tiene previsto analizar la solicitud formal a la Justicia para que Karina Milei, así como el presidente de la Comisión Nacional de Valores (Roberto Silva) y el titular de la Unidad de Información Financiera (Paulo Starc), sean citados a declarar por la fuerza pública.
Esta medida ya fue votada previamente para otros funcionarios que se ausentaron en dos ocasiones, como el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.
Además de los funcionarios ausentes, para esta jornada estaban citados a testificar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y los empresarios promotores de la criptomoneda, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La oposición busca limitar los DNU
En un movimiento estratégico previo al debate del caso $LIBRA, los bloques opositores en Diputados buscan dictaminar la ley que restringe el uso de los DNU, la cual ya cuenta con media sanción del Senado.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones se reunirá a partir de las 14 horas para lograr la firma de los dictámenes. El objetivo es dejar el proyecto listo para ser votado en el recinto en la próxima sesión, que está prevista para el miércoles 8 de octubre.
Esta aceleración puso en alerta al Gobierno, que se ha apoyado fuertemente en los decretos para avanzar con su agenda política, contraviniendo el artículo 99 de la Constitución que explícitamente prohíbe el uso de esta herramienta para legislar. La oposición busca cerrar la puerta a esta práctica y forzar al Ejecutivo a negociar sus políticas en el ámbito legislativo.
