Una fuerte disputa política y legal se desató en la Patagonia por la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas. Senadores de Neuquén (Oscar Parrilli y Silvia Sapag) y de Río Negro (Martín Donate y Silvina García Larraburu) se unieron para presentar un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar la venta del total de las acciones de las concesiones que manejan las represas de la región.

El núcleo de la acción legal es la acusación de que el proceso de licitación pública, impulsado por el Ministerio de Economía, presenta graves irregularidades. Los legisladores señalan que la privatización de centrales como El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila ignora un requisito clave: la tasación del valor de las represas no fue realizada por el organismo competente, el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Los denunciantes advierten que la privatización "excluye a las provincias dueñas de los recursos" y acusan al Gobierno de repetir modelos que históricamente solo han beneficiado al sector privado.

Frente a la intención de vender la totalidad del paquete accionario, los senadores proponen un modelo de concesión mixta que garantice la soberanía provincial. El esquema sugerido es dividir el capital en partes iguales: 50% para el sector privado y 50% para las provincias que son las dueñas de los recursos hídricos. Además, exigen que las nuevas concesionarias tengan la obligación de invertir la mitad de sus utilidades en el desarrollo de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica en Neuquén y Río Negro.