La cúpula del radicalismo tradicional (UCR orgánica) está a punto de desatar una fuerte disputa interna. Un grupo de dirigentes mujeres del partido está evaluando la presentación de un reclamo formal ante la Justicia Electoral para exigir que los legisladores que abandonaron el radicalismo y se sumaron a otras plataformas políticas, especialmente el espacio libertario, renuncien a las bancas que obtuvieron bajo el sello de la UCR.

Clara Oliva, una destacada figura del partido, confirmó que se están manteniendo intensas conversaciones sobre esta posibilidad. Aunque el enfoque actual es la campaña, la dirigente advirtió que la iniciativa para desplazar a los "migrantes" es inminente.

Oliva argumentó que la decisión de estos legisladores de apoyar o conformar listas ajenas a la UCR implica una autoexpulsión inmediata de sus filas, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Carta Orgánica Partidaria.

La medida afectaría a varios referentes, incluyendo a los diputados provinciales de la bancada Generación de Cambio —Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña—, al diputado nacional Francisco Monti y al concejal de Valle Viejo, Gerónimo Cabrera.

Críticas a la Contradicción Ideológica

Oliva fue especialmente incisiva con Silvana Carrizo, quien se postula en octavo lugar a diputada provincial por La Libertad Avanza (LLA), mientras ostenta la presidencia del comité capital del radicalismo (aunque con licencia). La dirigente calificó el movimiento de Carrizo como una simple búsqueda de un cargo y no una adhesión a un ideal.

La principal crítica ideológica se centró en la postura de Carrizo: "Es una contradicción fundamental que esté en contra de la universidad pública, pero que ella misma ostente un cargo docente y no docente en esa misma institución. Una reformista con los liberales, eso es inadmisible", sentenció.

Respecto a Francisco Monti, si bien reconoció su valía personal, lo calificó de "lamentable como político". Cuestionó su alineación con las directivas nacionales libertarias, señalando que "nunca luchó por los intereses de los catamarqueños". Según Oliva, Monti se "transformó en un radical con peluca" que simplemente "saltó a donde cree sentirse más cómodo".

La Exigencia Moral y la Desconfianza

Desde la línea orgánica, se sostiene que estos legisladores tienen la obligación moral de entregar su banca, dado que viven del cargo que obtuvieron gracias al partido. Oliva planteó que el espacio libertario nunca los hubiera convocado "si no tuvieran el título de diputados", sugiriendo que la única razón por la que los quieren es por los puestos que ya ocupan.

Sobre la facción Generación de Cambio, la referente radical recordó una supuesta "mala intención" desde el inicio, cuando Carrizo dilató la respuesta a una oferta por el segundo lugar en la lista radical con el aparente fin de dejar a la UCR sin margen para nominar otros candidatos. Oliva negó categóricamente que su sector buscara "arreglar o consensuar" con ese grupo.

El Bloque Orgánico y la Negación de Alianzas

Tras la fractura interna, el bloque radical en la Legislatura se mantiene unido con los legisladores Alfredo Marchioli, Luis Fadel, Alicia Paz, Alejandra Pons, Cristina Gómez y Carlos Marsilli. Oliva fue tajante al aclarar que la UCR solo formó alianza con el Partido de la Movilización bajo el nombre de Provincias Unidas de Catamarca, desmintiendo cualquier versión sobre una supuesta "libertad de acción" para pactar con otros frentes.

Además, la dirigente denunció un "operativo de confusión" en el interior de la provincia, donde líderes libertarios aseguran falsamente que el partido autorizó la formación de alianzas con ellos.

Las críticas se extendieron al interior: se reprochó a Bernardo Quintar de Tinogasta, quien se unió a otro partido, y a Luis Rodríguez de Antofagasta, a quien se le negó la notificación de su baja: "Ni te va a llegar. Se autoexpulsaron al momento de apoyar a otro partido".

Finalmente, la UCR rechazó la idea de una polarización electoral entre el oficialismo y La Libertad Avanza, asegurando que esta polarización "no existe" y que el electorado del interior rechaza las políticas libertarias contra "los más débiles, los discapacitados, los jubilados y la educación pública".

Trascendió que la UCR ya habría presentado un escrito formal ante el Juzgado Electoral solicitando la expulsión inmediata de todos los afiliados que figuren en listas electorales ajenas a la alianza oficial de Somos Provincias Unidas. El pedido de desafiliación automática no solo impactaría a los candidatos, sino a cualquier militante que haga campaña fuera de la oferta oficial.