El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, una norma clave para el sector, pero su aplicación inmediata ha quedado en suspenso. Mediante el Decreto 681/2025, el Gobierno ha condicionado la ejecución de la ley a que el Congreso le asigne el financiamiento necesario en el Presupuesto, citando normas que exigen la inclusión de partidas presupuestarias para cualquier ley que genere gastos.

Este movimiento se da después de que el Gobierno vetara inicialmente la ley en agosto, lo que llevó al Congreso a insistir en su aprobación. Ahora, el Ejecutivo sostiene que la pelota está en la cancha del Parlamento, que debe incluir los fondos necesarios en el Presupuesto 2026, el cual ya fue enviado para su tratamiento.

La ley, que declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026, contempla una serie de medidas cruciales. Entre ellas, se destaca la creación de una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y la garantía de cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud. Además, propone una compensación de emergencia para los prestadores de servicios para personas con discapacidad, amplía beneficios laborales para quienes los contraten y refuerza el rol de la ANDIS.