La Legislatura de Neuquén sancionó una ley que establece la obligatoriedad de un test anual de drogas para los funcionarios públicos de alto rango. La iniciativa, que busca asegurar la transparencia y la integridad en la gestión pública, fue aprobada con una amplia mayoría de 29 votos a favor y solo 2 en contra.

Alcance de la normativa y requisitos

La nueva ley establece que el narcotest será un requisito fundamental para acceder y permanecer en cargos públicos. La norma abarca a una extensa lista de funcionarios, incluyendo al gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, jueces, fiscales, diputados provinciales, consejeros de la Magistratura, directivos de organismos estatales, e incluso a intendentes y concejales de toda la provincia.

Los exámenes serán realizados por el Ministerio de Salud local y buscarán detectar un amplio espectro de sustancias psicoactivas. La ley es estricta: la negativa injustificada a realizarse el test será considerada equivalente a un resultado positivo, lo que podría acarrear sanciones.

El objetivo central de la medida, impulsada por los bloques Pro, Avanzar Neuquén y el MPN, es garantizar que la función pública se desarrolle sin vínculos con el narcotráfico y libre de la influencia de sustancias prohibidas. La única fuerza política que se pronunció en contra del proyecto fue el Frente de Izquierda.