El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, serán demandados en la Justicia Federal de Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción legal, presentada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, se origina en la demora del gobierno en promulgar y reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.739).

A pesar de que el Congreso insistió con la normativa y revirtió el veto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no ha publicado la ley en el Boletín Oficial ni ha girado las partidas presupuestarias necesarias. Con el plazo para su implementación vencido, los legisladores acusan al gobierno de un desacato directo a la voluntad del Congreso.

Las consecuencias de la inacción

La ley busca actualizar los aranceles de las prestaciones por discapacidad, como terapias, transporte y centros educativos, para compensar la inflación. Sin la promulgación, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no puede actualizar los montos, lo que afecta a miles de personas que dependen de estos servicios.

La norma prevé un ajuste que podría alcanzar entre el 50% y el 70% para reflejar la inflación desde diciembre de 2023, y luego establecer un sistema de actualizaciones mensuales automáticas por el IPC. El incumplimiento del Gobierno no solo paraliza estos aumentos, sino que motivó a los denunciantes a considerar incluso la figura de abandono de persona en la demanda.