Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, dio un paso atrás y decidió retirar la medida cautelar que prohibía la difusión de grabaciones de voz supuestamente suyas. La decisión ocurre tras el rechazo masivo de la medida, que fue vista como un intento de censura previa por parte de la prensa y juristas.

La funcionaria se justificó ante el juez que le había otorgado la cautelar, argumentando que las grabaciones filtradas no ponen en riesgo la seguridad nacional ni su vida privada, y que el asunto ya se investiga penalmente. Sin embargo, sostuvo que los audios fueron obtenidos de forma ilegal para “desinformar y causar daño político y personal”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia para grabar conversaciones de la funcionaria y otros miembros del gobierno. Adorni calificó el hecho de "ataque ilegal, planificado y dirigido", y aseguró que los audios fueron manipulados con el fin de desestabilizar al país. La preocupación del gobierno se intensificó ante la posibilidad de que se difundan más grabaciones de otros ministros en un contexto de filtraciones, como la reciente de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien denunció supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).