Tras 32 jornadas de audiencias, este miércoles finalizaron los alegatos en el juicio por presuntas estafas vinculadas a planes sociales en Neuquén. El proceso, que involucra a 14 acusados, quedó ahora en manos del tribunal conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, quienes tendrán diez días hábiles para dar a conocer el veredicto de manera oral y otros veinte para fundamentar la sentencia por escrito.

La etapa de pruebas se extendió por 21 audiencias en las que expuso la fiscalía, mientras que las defensas utilizaron siete jornadas para presentar sus descargos. Luego se sucedieron los alegatos: primero la acusación y, en los últimos tres días, los ocho abogados defensores.

La declaración de Emmanuel Victoria Contreras

El cierre de las intervenciones estuvo a cargo de Emmanuel Victoria Contreras, uno de los imputados, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a los jueces. Con la voz quebrada, rechazó su vinculación con una asociación ilícita y aseguró que las pruebas colectadas en los allanamientos “no reflejan la realidad”.

Contreras, vecino de Centenario, admitió su militancia en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), a la que definió como una tradición familiar, pero negó cualquier participación en maniobras fraudulentas. “Milité para el partido, no lo voy a negar, lo hice con orgullo porque era lo que me gustaba. Pero no pertenezco a una asociación ilícita”, expresó.

El acusado también destacó su trayectoria laboral, primero en áreas del Estado y luego en el sector petrolero, a donde aseguró haberse trasladado “para mejorar la situación económica de su familia”. Remarcó que no se enriqueció de manera irregular y que su patrimonio se limita a una vivienda, una moto de 2011 y una camioneta prendada.

Una vida marcada por la militancia social

Durante su exposición, Contreras evocó la figura de su madre, Liliana Contreras, histórica referente del MPN y fundadora del Centro de Ayuda a la Mujer Indigente de Centenario (CAMIC), organización dedicada a asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tras su fallecimiento, él y su familia continuaron con el trabajo comunitario.

En ese marco, relató que la fotocopia de un documento hallada durante los allanamientos pertenecía a una mujer a la que ayudó a escapar de una situación de violencia de género. “La señora está viva gracias a esa ayuda. Sin embargo, la fiscalía nunca la convocó a declarar”, criticó.

Además, reveló que desde hace dos años realiza un tratamiento psiquiátrico, situación que había mantenido en reserva. “Fue un golpe durísimo para mi familia, pero confío en la decisión de ustedes”, dijo a los jueces.

La acusación en su contra

La fiscalía le atribuye operaciones por un monto cercano a los 737.500 pesos, divididos entre extracciones en cajeros automáticos y cheques. Contreras sostuvo que en una de esas ocasiones solo realizó “un favor” a otra persona, lo que terminó involucrándolo en la causa.

Incluso el exdirector de Fiscalizaciones de la Dirección de Planes Sociales, Pablo Sanz, reconoció durante el juicio que le “daba pena” verlo en el banquillo de los acusados, ya que no lo vinculaba directamente con la maniobra investigada.

Con el cierre de los alegatos, resta ahora la deliberación de los magistrados, que en los próximos días deberán resolver uno de los juicios más extensos de los últimos años en la provincia.