El fiscal federal Carlos Stornelli decidió abrir una causa para investigar la denuncia del Gobierno sobre una presunta red de espionaje ilegal. La denuncia oficial se centra en la grabación y difusión de conversaciones privadas de funcionarios, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, Stornelli puso límites claros a la investigación. En su dictamen, remarcó que la Justicia no puede violar la protección constitucional que tienen las fuentes de los periodistas. En ese sentido, prohibió los allanamientos sin una orden judicial bien justificada, un punto que va en contra de lo que había pedido el Ministerio de Seguridad, que quería allanar el canal de streaming Carnaval y las casas de varios periodistas.

El escrito del fiscal revela que el Gobierno cree que los audios fueron obtenidos de forma ilegal para desacreditar al Ejecutivo e influir en el proceso electoral. Stornelli sostuvo que, dado que el hecho afecta a altos funcionarios y ocurrió en jurisdicción federal, la Justicia debe intervenir.