La jueza estadounidense Loretta Preska desestimó el pedido de la Argentina para no entregar los mensajes y correos electrónicos de funcionarios en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La decisión obliga al país a reunir las comunicaciones privadas de diversas figuras políticas y económicas, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa.

La defensa de la Argentina había argumentado que la exigencia de la jueza violaba el derecho a la privacidad. Sin embargo, Preska rechazó el argumento y estableció que, aunque el país no tiene posesión física de los dispositivos, sí tiene "control" sobre las comunicaciones, lo cual es suficiente bajo la ley de EE. UU.

Tras el fallo, desde la Procuración del Tesoro analizan los próximos pasos, que podrían incluir una apelación ante la Corte de Apelaciones. La Argentina ya fue condenada por Preska en 2023 a pagar alrededor de US$16.000 millones, una sentencia que el país ya había apelado y que aún espera resolución.