El destino de las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino podría definirse esta semana. Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York evaluará si suspende la orden de la jueza Loretta Preska, quien dictaminó que Argentina debe transferir el 51% de la petrolera a la firma Burford Capital. Esta decisión es crucial, ya que un fallo negativo para el país podría forzar la entrega de los activos mientras se resuelve la apelación final del caso.
El conflicto se originó con la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Años después, Preska condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por irregularidades en el proceso. Con los intereses acumulados, la deuda asciende hoy a unos 18.000 millones, una cifra que representa una pesada carga para la economía argentina.
Burford Capital, el fondo de litigios que compró los derechos de la demanda, ha presionado constantemente para ejecutar el cobro. Para lograrlo, la firma busca demostrar que YPF y el Estado argentino operan como una misma entidad, lo que le permitiría embargar activos del país, incluidas las acciones de la petrolera.
Argentina ha pedido una suspensión temporal de la entrega de las acciones, pero sin ofrecer garantías, algo que la parte demandante rechaza. La Corte de Apelaciones podría tomar una de tres decisiones:
·Rechazar la suspensión, lo que confirmaría la orden de Preska de transferir las acciones.
·Aceptar la suspensión, pero exigiendo a cambio garantías que no sean las acciones de YPF.
·Aceptar plenamente la suspensión, posponiendo cualquier medida hasta que la apelación principal se resuelva, lo que podría ocurrir a fines de octubre.
Si el fallo es desfavorable y el país no acata la orden, podría caer en una situación de desacato. Fuentes oficiales han adelantado que, en un escenario así, Argentina recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos, una estrategia para ganar tiempo. La situación es de alta tensión, ya que antecedentes como el caso de los fondos buitre en 2014, donde el juez Thomas Griesa impuso multas millonarias, sugieren que el costo del incumplimiento podría ser elevado.
El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, mantiene un hermetismo total sobre su estrategia legal, mientras que Burford Capital insiste en que su único objetivo es el pago y no quedarse con la compañía. La decisión de este martes se perfila como un momento decisivo en el litigio más costoso que enfrenta Argentina en el ámbito internacional.
