Durante el juicio por la megaestafa con planes sociales en Neuquén, un comisario de policía reveló detalles asombrosos sobre cómo operaba la presunta red delictiva. El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, usaba una oficina secreta en el primer piso del restaurante “Faraón”, que él mismo dirigía. Este espacio, según el testimonio del comisario inspector Martín Van de Genachte, funcionaba como una dependencia pública clandestina. (foto gentileza)
El allanamiento, ocurrido el 6 de julio de 2023, destapó una oficina equipada con computadoras del Estado, sellos oficiales e incluso un retrato de un exgobernador. En la planta baja, los agentes hallaron una caja fuerte con dinero, listas de beneficiarios y certificados médicos en blanco. La Fiscalía sostiene que esta "oficina ejecutiva" era el centro de operaciones desde donde Soiza orquestaba la presunta estafa, que afectó a más de 9.300 personas.
Extracciones masivas y vehículos en disputa
El juicio también incluyó la declaración de un especialista en análisis de imágenes, quien reconstruyó los movimientos de los acusados en cajeros automáticos. Los videos mostraron a varios imputados realizando extracciones sucesivas de dinero con múltiples tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. Estos últimos eran obligados a entregar sus tarjetas con la promesa de recibir solo una porción del subsidio.
Además, las escuchas telefónicas revelaron tensiones entre los implicados. Se conocieron disputas por el uso de vehículos alquilados por un proveedor para el área de Planes Sociales. Estas conversaciones sugieren que la red también desviaba fondos para cubrir gastos personales y financiar negocios privados, como un centro de estética que una de las imputadas habría montado en Centenario.
Red de corrupción y uso de fondos públicos
En otra de las audiencias, se destacó el caso de Valeria D’Angelo, una directora escolar que figuraba como beneficiaria de un plan social, a pesar de tener un empleo formal. En su domicilio, los investigadores encontraron una computadora estatal del programa “Aprender Conectados” y tarjetas bancarias, lo que refuerza la hipótesis de que se usaban fondos públicos para fines ilícitos.
A medida que el juicio avanza, queda claro que esta red delictiva no solo usaba estructuras oficiales para sus actividades, sino que también desviaba dinero destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad para su propio beneficio. La causa, iniciada por una alerta del Banco Provincia de Neuquén, continúa desentrañando una compleja trama de corrupción con ramificaciones en diversas áreas del Estado.
