La situación del empleo registrado en Argentina atraviesa un periodo complejo, marcado por una disminución notable en ciertos segmentos y un crecimiento en otros, lo que dibuja un panorama laboral desafiante. Este contexto está íntimamente ligado a la crisis económica actual, que golpea con más fuerza a los trabajadores informales y de menores ingresos, evidenciando una preocupante falta de creación de puestos de trabajo formales.

Según los datos más recientes de la Secretaría de Trabajo, el sector de casas particulares ha sido el más afectado, con una reducción del 4% en sus filas. Esto se traduce en una pérdida de 19.368 empleos, cayendo de 460.013 a 440.645 puestos, una tendencia que, según la información disponible, no es nueva y persiste desde hace una década.

La actual contracción del mercado laboral no es un fenómeno aislado; es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la inflación que precedió al gobierno actual y la posterior recesión económica, cuyos efectos se intensificaron tras la pandemia. La "radiografía" del empleo se basa en registros administrativos de la seguridad social, específicamente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre una vasta gama de trabajadores, desde el sector privado hasta los empleados públicos.

Al inicio de la administración de Javier Milei, en enero de 2024, Argentina contaba con 10.226.538 asalariados registrados. A esto se sumaban 3.098.431 trabajadores independientes (monotributistas y autónomos), totalizando 13.324.969 trabajadores formales. Sin embargo, para abril de 2025, esta cifra se redujo a 12.876.864, lo que representa una pérdida de 448.105 empleos.

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, describe la coyuntura laboral como "un tiempo angustiante de telegramas de despido". Ponce atribuye esta situación a la disminución del consumo familiar y del poder adquisitivo, así como a la menor contratación de servicios informales. El economista sostiene que la "recesión es una de las herramientas utilizadas para la lucha contra la inflación" y que la caída del empleo doméstico es un indicador de un aumento de la desigualdad social. Incluso el sector privado ha sufrido este impacto.

Los asalariados registrados en el sector privado experimentaron una caída de casi el 1% entre abril de 2024 y enero de 2025, perdiendo 58.915 puestos de trabajo. La crisis en la construcción fue un factor determinante en estas cifras negativas, con una pérdida de 26.300 empleos (un 6% menos que en enero de 2024) debido a la paralización de la obra pública. El sector público también se contrajo, con una disminución cercana al 1% durante los primeros 16 meses del gobierno de Milei, pasando de 3.442.125 a 3.410.935 empleados, lo que implica 31.190 puestos menos.

En contraste, los trabajadores autónomos y monotributistas mostraron un crecimiento. Los autónomos aumentaron un 4%, de 385.792 a 400.485, mientras que los monotributistas crecieron un 3%, de 2.064.337 a 2.126.366. No obstante, el monotributo social sufrió un drástico descenso del 64% tras un reempadronamiento que afectó a 415.000 personas. Ponce enfatizó que "para que el sector privado absorba esa mano de obra se requiere mayor inversión", destacando la urgencia de crecimiento económico y apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), así como la capacitación para que los trabajadores informales puedan acceder a empleos de calidad.

A nivel regional, el empleo privado mostró disparidades significativas. Solo ocho de las 24 provincias registraron aumentos, mientras que 16 experimentaron caídas, siendo Santa Cruz y La Rioja las más afectadas. Esta heterogeneidad refleja una recuperación económica desigual post-cambio de gobierno. La paralización de la obra pública generó fuertes reclamos de gobernadores, intendentes y cámaras empresariales, dada la interrupción de proyectos de infraestructura vitales.

Ponce concluyó que "el trabajo registrado tiene altos costos para los empleadores", sugiriendo incentivos para formalizar el empleo informal. Además, propuso promover el empleo joven y femenino con subsidios condicionados a la formación y reactivar la economía a través de créditos para Pymes.