El Gobierno ha delineado los incrementos en las tarifas de servicios públicos y combustibles que regirán a partir de agosto, con el objetivo de mantener la inflación bajo control de cara a las elecciones de octubre. En un movimiento estratégico para evitar facturas excesivas que pudieran afectar a los hogares antes de los comicios, se ha decidido otorgar mayores subsidios al gas.
A través de una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, bajo directrices del ministro de Economía, Luis Caputo, se formalizaron las siguientes medidas: un aumento en el precio mayorista de la energía eléctrica, una reducción en dólares del valor mayorista del gas natural, un alza en el recargo para financiar los descuentos por "zona fría", y un incremento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).
Detalles de las actualizaciones de energía para agosto:
·Energía Eléctrica Mayorista: Un aumento del 0,4% en su precio en pesos, buscando reducir subsidios.
·Gas Natural (PIST): Una reducción del 4,04% en el precio en dólares. Esta medida busca compensar el incremento del tipo de cambio e implica un aumento en los subsidios estatales durante el invierno.
·Recargo por "Zona Fría": El recargo para usuarios de gas que no están en el Régimen de Zona Fría se eleva del 6,40% al 6,60%, destinado a financiar el fondo fiduciario para quienes sí gozan de este beneficio.
·Combustibles: El ajuste en los impuestos a los combustibles se traducirá en un impacto cercano al 0,5% en los precios de la nafta y el gasoil.
Los impactos finales en las facturas se estiman entre el 1,5% y el 2%, y serán confirmados la próxima semana a través de resoluciones que emitirán el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismos que se unificarán a fin de año.
Análisis punto por punto:
Las decisiones oficiales buscan evitar un retraso en los precios de la energía, garantizando inversiones en mantenimiento y una remuneración adecuada a los actores del mercado, sin desviar el objetivo inflacionario del presidente Javier Milei.
El incremento del 0,4% en la energía eléctrica es a nivel nacional y se promediará con las subas de tarifas de transportistas (como Transener) y distribuidoras (Edenor y Edesur en el AMBA, y las provinciales en el resto del país). Esta medida reduce los subsidios, aunque la mayoría de los hogares (incluidos los de mayores ingresos) aún reciben ayuda estatal (entre 24% y 76%) para cubrir el costo total de la electricidad, que en invierno es más elevado por el mayor costo del gas utilizado para la generación.
En cuanto al gas, dos medidas impactarán las facturas a partir de agosto. Primero, la baja del 4,04% en el precio en dólares del gas, que compensa el incremento del tipo de cambio registrado a principios de mes, ya que el gas se valora en dólares pero se factura en pesos. Esto resulta en un aumento de los subsidios por parte del Tesoro. Segundo, el ministro Caputo aplicó un aumento en el recargo sobre el PIST para la mitad del país no incluida en la "zona fría" (ley de 2021), pasando del 6,4% al 6,6%. Este es el cuarto aumento del año, y el Gobierno tiene margen para ajustarlo hasta el 7,5%. Este recargo financia los descuentos (entre 30% y 50%) en el PIST para las regiones consideradas "zona fría", como la Patagonia, Malargüe (Mendoza), la Puna, y otras ciudades en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras.
El Gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar todos los fondos fiduciarios excepto este. Sin embargo, planea modificarlo para retornar a su espíritu original de 2002, que incluía solo a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Se anticipa que este tema generará un nuevo conflicto entre Milei y los gobernadores post-elecciones, similar a lo ocurrido con la Ley Bases.
Respecto a los combustibles, tras el aumento de los impuestos, las petroleras evaluarán en las próximas horas si trasladan este incremento a los precios en los surtidores. El Gobierno sigue posponiendo la actualización plena de los impuestos según la normativa vigente, lo que implica una renuncia a más de 200 millones de dólares mensuales en recaudación tributaria.
Finalmente, la tarifa de agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano aumentará un 1%, a la espera de una audiencia pública. AySA, que opera con superávit, ve sus tarifas reguladas por Economía según sus necesidades. La tarifa social se mantiene, ofreciendo descuentos del 50% al 75%.
