La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de reducir permanentemente las retenciones a productos clave del agro, como soja, maíz, carne y pollo, si bien es celebrada por el sector como un incentivo, no viene sin un costo fiscal que ya genera debate entre los economistas. Paralelamente, la ley aprobada por el Congreso para un aumento jubilatorio, que el presidente ha prometido vetar, también presenta un impacto significativo en las arcas del Estado.
Según cálculos de diversos especialistas, la baja de los aranceles de exportación implicará que el Estado deje de recaudar un monto que oscila entre el 0,1% y el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Hernán Letcher, director del CEPA, estima el costo de esta medida en alrededor del 0,2% del PBI. Matías Surt, economista jefe de Invecq, coincide, ubicando la cifra entre el 0,2% y 0,3% del producto, mientras que para Fernando Marull, el guarismo sería del 0,1%.
El dilema de las jubilaciones y otros gastos
Por otro lado, la ley sancionada en el Congreso, que prevé un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones y eleva el bono de $70 mil a $110 mil, representa un costo fiscal considerable. La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estima el impacto del aumento jubilatorio en el 0,2% del PBI para lo que resta del año, ascendiendo a un 0,41% del PBI anualizado. En cuanto al bono, el costo se proyecta en el 0,12% del PBI, con un costo anualizado estimado en el 0,38%.
Además, un informe de Invecq del mes pasado estimó que la reinstauración de la moratoria previsional implicaría un esfuerzo del 0,2% del PBI, y las iniciativas vinculadas a la discapacidad supondrían un gasto de 0,3% del PBI. La OPC había proyectado las nuevas altas por la emergencia nacional en discapacidad entre el 0,22% y 0,42% del producto.
Estrategia de divisas y desafíos para el superávit
El Gobierno busca con la reducción de retenciones un incentivo para el agro que se traduzca en mayores liquidaciones de divisas, especialmente tras el período de la cosecha gruesa y en la antesala de las elecciones de octubre, donde el oficialismo busca mantener la calma cambiaria. Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), explicó que la medida busca "un estímulo para aquellos que todavía tienen algo para liquidar y sobre todo de cara a la cosecha fina, es de alguna manera asegurarse dólares en momentos donde la dinámica cambiaria se recalentó”.
Aunque la baja de retenciones significa menos ingresos para el Estado, los analistas señalan que no complicaría la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, sí podría obstaculizar el ambicioso objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, de alcanzar un superávit del 1,6%. Matías Rajnerman, director del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, expresó a PERFIL: “Vemos complicado el objetivo que se puso el Gobierno, pero no pone en peligro el superávit fiscal, que va a ser del 1,3%”. Aclaró que los efectos de mayores ingresos de dólares podrían verse con mayor fortaleza el próximo año, ya que algunas exportaciones se adelantaron antes del aumento temporal de aranceles en julio.
Alivio parcial para el productor y reclamos provinciales
Para el productor agropecuario, la reducción de los derechos de exportación implicaría un alivio en la rentabilidad, aunque muchos advierten que continuarán operando con pérdidas. Néstor Roulet, exsecretario de Agricultura, estimó que el productor sojero que alquila campo, que representa el 66% del total, pasaría de perder US90porhectaˊreaaUS50. Incluso, hay voces dentro del campo que prefieren "mantener cautela" frente a lo anunciado por Milei.
Esta cifra, para ponerla en perspectiva, representa un 9% del equivalente de la deuda que la provincia de Buenos Aires le reclama a la Nación (US$7.700 millones), es casi la totalidad de lo que exigen La Rioja y Santa Fe, y supera lo que piden en conjunto Santiago del Estero, La Pampa y Formosa.
