A solo una semana del inicio del receso invernal, el Gobierno de Javier Milei se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar que se caigan los vetos presidenciales a las recientes leyes de movilidad jubilatoria y emergencia en discapacidad. Aprobadas en el Senado, estas normas representan un desafío crucial para el oficialismo en la Cámara de Diputados. Aunque desde la Casa Rosada admiten no tener aún una estrategia definida, se muestran optimistas sobre la posibilidad de mantener las decisiones del Presidente.

Desde el ala política del Gobierno, integrada por figuras como Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Karina Milei y los Menem, la expectativa es que "se abra una puerta" para la negociación, sin especificar si esto implicaría un gesto de diálogo presidencial o una señal concreta de los gobernadores. "Podría ser esta semana o la que viene, no está claro", deslizó un funcionario, reflejando la incertidumbre en el Palacio.

El dilema actual del Gobierno es si volver a convocar a un amplio grupo de mandatarios provinciales o si, por el contrario, concentrarse solo en sus aliados más confiables. Experiencias previas con gobernadores de distinto signo político no arrojaron los resultados esperados. Un funcionario lo resumió crudamente: "¿En qué nos beneficia contentar en la bolsa con todos a Kicillof, que no solo no va a ayudar en nada de arranque, sino que no tiene ni medio diputado propio?".

La clave ahora reside en el "poroteo" de votos en la Cámara baja. El oficialismo estima que necesitará entre 72 y 75 voluntades para sostener los vetos, una cifra menor a los 87 que obtuvieron el año pasado en un bloqueo similar sobre jubilaciones. A pesar de que los despachos libertarios aseguran que "el vínculo con los gobernadores aliados nunca se rompió", admiten que mantenerlos conformes sin sacrificar la disciplina fiscal es "casi imposible".

Una de las principales herramientas de presión sobre los mandatarios provinciales será el tratamiento en Diputados de los proyectos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la suba del impuesto a los combustibles, ambos de gran interés para las provincias. Sin embargo, incluso dentro del oficialismo existen dudas sobre si estas iniciativas serán suficientes para asegurar los votos necesarios.
Mientras tanto, la estrategia legislativa sigue en manos de los Menem: Eduardo "Lule" (funcionario de confianza de Karina Milei) y Martín (presidente de la Cámara de Diputados), quien coordina con su sobrino Sharif. Los tres han acumulado poder en el ámbito legislativo y partidario, aunque fueron objeto de críticas por parte de algunos gobernadores por supuestas maniobras proselitistas en sus provincias. Desde el Gobierno desmienten estas acusaciones, calificándolas de "inventos" y "enojo fingido", salvo por "tensiones específicas" en Corrientes.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, también jugará un rol fundamental. Es el encargado de informar a Milei sobre los avances del diálogo y quien intentó calmar las aguas tras el revés parlamentario, contando con el respaldo incondicional del Presidente, quien lo definió como "el mejor ministro coordinador de la historia".

Por otro lado, Santiago Caputo, el principal asesor presidencial, se ha mantenido al margen de estas negociaciones políticas, en desacuerdo con el rumbo adoptado por los Menem. Por el momento, su rol se limita a tareas de gestión.

Con el Congreso a punto de entrar en receso y los gobernadores evaluando cuidadosamente sus pasos, el oficialismo se prepara para una nueva y decisiva pulseada en Diputados. La gran incógnita es si esta vez logrará sostener los vetos o si, una vez más, la estrategia quedará a merced de la improvisación.