Se trata de un nuevo marco legal que crea un protocolo de actuación ante hechos de violencia hacia personal docente y no docente. Así lo votó hoy en la 12° sesión ordinaria, ocasión en la que también aprobó una comunicación en repudio al desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte del gobierno nacional y avaló la designación de un nuevo defensor público penal.

La ley que aprueba un régimen de prevención y sanción ante hechos de violencia hacia trabajadores y trabajadoras del sistema educativo provincial fue presentada por el gremio docente ATEN y alcanzó 25 votos positivos, 1 negativo (del bloque Cumplir) y dos abstenciones (PTS-FIT-U y FIT-U).

Al actuar como miembro informante, Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el régimen apunta a “garantizar condiciones laborales seguras y libres de violencia” para el plantel trabajador del sistema educativo. En ese sentido, la ley constituye un “mensaje de esta Legislatura contra la naturalización de las agresiones” a los y las docentes. Detalló los aspectos que fueron modificados en relación al proyecto original, ocasión en la que mencionó, por ejemplo, que el texto final contempla una graduación sancionatoria que va desde trabajo comunitario a posibles días de arresto, en función de la severidad de los hechos.

Desde el PRO-NCN Damián Canuto reivindicó la aprobación de leyes que “sean duras con quienes agreden a los trabajadores de la educación”. Se refirió a la necesidad de “castigar” a quienes actúan mediante agresiones y contrarrestó el argumento de que existe legislación vigente en la materia. “Lo que abunda no daña” concluyó el diputado.

Por su parte, al hablar Darío Martínez (UxP) adelantó el voto favorable del bloque, recordó que su espacio político presentó una medida similar tiempo atrás y pidió la aprobación de una norma similar para el plantel trabajador del sistema de salud.

Las dos bancas de la izquierda se abstuvieron de votar. Opinaron a favor de generar herramientas que combatan l a violencia hacia personal de la educación, pero cuestionaron que la redacción final eliminó medidas para la prevención y la protección -como el acompañamiento psicológico gratuito para la víctima-. En esa línea, consideraron que la norma adquirió un “acento punitivista” que originalmente no poseía.

En contra votó Brenda Buchiniz (Cumplir) tras argumentar que a la violencia hay que abordarla de manera integral y que además, no se realizaron los pedidos de informe a Seguridad para conocer la cantidad de hechos de violencia ocurridos hasta la fecha. Advirtió que “si legislamos para los docentes también tenemos que legislar para los médicos, enfermeros, barrenderos que sufren violencia” y consideró que existe legislación nacional, provincial y resoluciones ministeriales en la materia por lo que pidió no “sobre-legislar”.

El nuevo régimen constituirá un marco de actuación ante hechos de violencia con manifestaciones físicas, verbales, digitales o mediáticas -a través de redes sociales, por ejemplo- dirigida a docentes. Establece protocolos de intervención y sanciones con una gradación desde multas -de 1 a 100 JUS-, 20 días de trabajo comunitario y hasta 30 días de arresto. La norma incorpora estas disposiciones al Código de Faltas en su artículo 63°. Para los agentes públicos que cometan agresiones, sin perjuicio de tales penas, se prevé también la suspensión sin goce de haberes, cesantía o inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. Si la agresión proviene de un menor de edad, sus padres serán responsables y tendrán la obligación de participar en encuentros con los equipos interdisciplinarios de mediación institucional.

Además, la norma crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo, como órgano consultivo y de monitoreo de aplicación de la misma. Lo integrarán representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE); de los ministerios de Educación y de Seguridad, de gremios docentes y no docentes y del Ministerio Público de la Defensa.

En el marco de la ley, el CPE deberá garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación; dispositivos de seguridad física y electrónica al interior de las escuelas; formación obligatoria en convivencia escolar; jornadas y espacios de contención institucional con el asesoramiento experto para abordar situaciones de violencia.

La 12° sesión ordinaria comenzó a las 10.55 y finalizó a las 17.45. Fue presidida por Rucci -estando la vicepresidenta 1ra Zulma Reina a cargo del Ejecutivo provincial-, y contó con la participación de 31 diputados y diputadas.

El pleno volverá a reunirse mañana a las 10h.