Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola han apelado hoy la decisión de otorgar arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En su presentación ante la Cámara de Casación, solicitaron que se revoque este beneficio y que la exmandataria cumpla su condena "en una unidad carcelaria".
Los fiscales argumentan que existen "falencias de seguridad" en el actual domicilio de Kirchner, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Según Luciani y Mola, estas deficiencias no solo atentan contra la seguridad de los vecinos del barrio, sino también contra la de la propia exmandataria.
Argumentos de la fiscalía
"Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario", sostuvieron los fiscales. En este sentido, señalaron que el Ministerio de Seguridad ya informó sobre una serie de penales donde Cristina Kirchner podría cumplir su condena y que "no se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano".
Además, Luciani y Mola reiteraron que la edad de 72 años, argumento esgrimido para la prisión domiciliaria, es un requisito no obligatorio sino una facultad del juez. Insistieron en que "no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso", y destacaron que su situación "no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal".
Preocupación por la seguridad y el barrio
En su apelación, los fiscales también cuestionaron "cuán resguardada se encuentra la seguridad personal" de Cristina Kirchner, haciendo hincapié en las "constantes aglomeraciones de personas en las inmediaciones del domicilio" donde se han registrado "escenas preocupantes, tales como escalamientos de personas hacia propiedades linderas".
Presentaron imágenes de estas concentraciones, con militantes subidos a balcones y terrazas de viviendas vecinas. Señalaron que el barrio de Constitución "carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia", máxime cuando "la detención de una figura política de alta visibilidad atrae concentraciones masivas de partidarios".
Finalmente, citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que detalla cómo las manifestaciones constantes afectan servicios esenciales como la recolección de residuos y el paso de ambulancias, sumado a denuncias de vecinos por ruidos molestos.
Ante este panorama, Luciani y Mola plantearon una alternativa en caso de que no se revoque la prisión domiciliaria: "se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas".
Ahora, serán los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes deberán analizar este pedido de la fiscalía y las demás apelaciones presentadas en la causa.
