En medio de una política de fuerte austeridad y recortes presupuestarios, el gobierno de Javier Milei reglamentó la Ley 27.641, que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre Argentina e Israel, firmado en 2017. La activación de esta normativa ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos, especialmente por la asignación de recursos estatales a ciudadanos extranjeros en un contexto de creciente demanda interna de asistencia social.
El acuerdo, que ahora entra en vigencia, determina en su Artículo 1° que su aplicación alcanza a los "beneficios contributivos de la seguridad social". El artículo 2 detalla que estos beneficios cubren las "contingencias de vejez, invalidez o sobrevivencia", administrados por organismos nacionales, regímenes provinciales para empleados públicos o profesionales universitarios independientes, y regímenes municipales.
Una de las cláusulas que más controversia genera es el Artículo 5, denominado "Exportación de beneficios". Este punto establece que los beneficios otorgados "no serán sujetos a reducción, modificación, suspensión o supresión" incluso si la persona beneficiaria reside en el territorio del otro Estado firmante. En términos prácticos, esto significa que un ciudadano israelí podrá cobrar una pensión o asignación otorgada por la ANSES, aunque no viva en Argentina.
El artículo 3 del convenio extiende estos beneficios también a familiares y derechohabientes de las personas alcanzadas, mientras que el artículo 4 dispone un "tratamiento igualitario" entre nacionales y extranjeros israelíes.
Si bien el convenio fue rubricado durante una administración anterior, su activación y reglamentación se concretaron este año, una decisión que el Gobierno Nacional de Javier Milei alinea con su política exterior de priorizar el vínculo con el Estado de Israel. El propio presidente ya había manifestado este alineamiento geopolítico durante sus visitas oficiales a Jerusalén y Tel Aviv.
La publicación de esta reglamentación en el Boletín Oficial ha provocado un intenso debate. Las críticas se centran en la asignación de fondos del Estado argentino a ciudadanos extranjeros, especialmente cuando el país atraviesa un período de severos recortes fiscales. Esta situación se agrava al coincidir con el actual escenario bélico que involucra al Estado de Israel en su ofensiva sobre Palestina e Irán.
A nivel nacional, la medida también ha generado indignación al contrastar con los recortes implementados en áreas sensibles del Estado, como los programas de protección a mujeres en situación de violencia de género, las políticas de acompañamiento a madres y jefas de hogar, y las asistencias sociales destinadas al desarrollo educativo, profesional y comunitario. La controversia se intensifica ante la percepción de que, mientras se ajusta el gasto interno, se destinan recursos a ciudadanos de otro país.
El convenio entre Argentina e Israel fue firmado el 7 de febrero de 2024 y el acuerdo entró en vigencia el 1° de mayo del mismo año, aunque fue reglamentado oficialmente el 12 de junio de 2025 mediante su publicación en el Boletín Oficial.
