El presidente Javier Milei regresa hoy a Argentina tras su gira internacional más extensa, con la urgencia de agilizar la firma de una serie de decretos que vencerán el próximo 8 de julio. Estas medidas, consideradas cruciales por el Gobierno, incluirán recortes, cierres de organismos y reformas estructurales, antes de que expiren las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases.
En Casa Rosada, el calendario es el principal foco de atención, ya que restan menos de cuatro semanas para que finalicen estas atribuciones extraordinarias. El Poder Ejecutivo necesita la rúbrica presidencial para concretar una batería de decretos que, en ciertas áreas, le permiten sortear el proceso legislativo.
Fuentes oficiales confirmaron que, al menos, trece decretos ya están redactados y listos para su promulgación. Estas normativas apuntarán a la reducción del gasto público, el cierre de diversos organismos estatales y una profunda centralización de funciones gubernamentales.
Organismos en la mira y desafíos en la implementación
Entre las medidas más destacadas, según Infobae, se encuentra la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría implicar despidos de personal, venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza. También están bajo revisión el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El Instituto Nacional del Cáncer también está en la mira, con una desregulación anunciada meses atrás que aún no se reglamenta.
Las carteras de Salud, Capital Humano y Economía son las que concentran el mayor volumen de reformas pendientes. Sin embargo, funcionarios reconocen que cada decreto atravesará un extenso proceso de revisión legal, lo que podría complejizar su implementación en los ajustados plazos. Además, desde el área de comunicación libertaria se contempla la posibilidad de que algunos anuncios se posterguen por el feriado o por una eventual detención de Cristina Kirchner, que podría desviar la atención mediática.
Las reformas también buscan una reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos descendió de 322.000 a 292.000. Paralelamente, los salarios de altos funcionarios están congelados desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas reclaman actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.
La gran incógnita es el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, una vez que venzan las facultades delegadas. Aunque podría mantener funciones consultivas, su capacidad real para impulsar cambios se verá considerablemente reducida.
