La empresa estatal Corredores Viales S.A. confirmó el despido de 117 trabajadores que participaron en las medidas de fuerza llevadas adelante la semana pasada por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano. La protesta se originó en solidaridad con los 500 empleados de Caminos Río Uruguay, cuya concesión finalizó.

La compañía calificó las acciones sindicales como “ilegales e ilegítimas”, señalando que los cuatro días de paro afectaron significativamente las operaciones, generando pérdidas al Estado Nacional superiores a los 2.500 millones de pesos, según fuentes oficiales.

En un comunicado, Corredores Viales S.A. explicó que la protesta se inició como un reclamo al Estado Nacional en apoyo a los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, cuya concesión caducó en 2014. La empresa estatal criticó la pretensión del sindicato de que el Estado contratara o indemnizara a personal de una empresa privada.

La empresa también denunció que el paro se realizó sin previo aviso a la autoridad de aplicación, infringiendo la Ley 14.786. Ante esta situación, Corredores Viales presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. La empresa señaló que, posteriormente, SUTPA modificó los motivos del paro, presentando otras razones que no justificaban una medida de tiempo indeterminado.

Desde el Gobierno nacional se había advertido a los trabajadores de Corredores Viales sobre posibles sanciones disciplinarias, incluyendo descuentos salariales y despidos, en caso de continuar con las protestas. Tras confirmarse los despidos, fuentes gubernamentales remarcaron la postura de la empresa.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, respaldó la decisión de la empresa, afirmando en su cuenta de X que “el derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie”. El funcionario enfatizó la firmeza del Gobierno ante lo que considera intentos de extorsión. “Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo, estamos en la época de @JMilei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo”, sentenció Mogetta.

Por su parte, la Secretaria General del SUTPA, Florencia Cañabate, calificó los despidos como “sin causa”. En declaraciones radiales, denunció que mientras el sindicato esperaba una audiencia en la Secretaría de Trabajo, Corredores Viales ya estaba notificando los despidos. Cañabate explicó que el paro de la semana pasada tuvo múltiples causas, incluyendo reclamos salariales, condiciones de seguridad y la situación de trabajadores no incluidos en los pliegos. Advirtió además que algunas estaciones de peaje ya se encuentran cerradas debido a los despidos y anunció que el sindicato utilizará todas las herramientas a su alcance para defender a los trabajadores.

Cañabate también criticó las declaraciones de Mogetta, señalando que en lugar de sancionar a la organización sindical, se ataca directamente a los trabajadores. “Este ataque contra los trabajadores viene desde hace un año y medio y no lo tenemos que permitir”, afirmó la dirigente.

Facundo Moyano, por su parte, había calificado la situación como “el mundo del revés”, tras el fin de la concesión de Caminos Río Uruguay y la decisión del Gobierno de transferir la gestión de las rutas del Mercosur a Vialidad Nacional. Moyano alertó sobre el riesgo de 500 despidos y la desprotección de los usuarios, recordando experiencias pasadas de promesas de inversión incumplidas.

La protesta de los trabajadores de peajes se extendió durante cuatro días, generando importantes complicaciones en el tránsito, especialmente en la Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central, afectando tanto a camiones como a automovilistas que se dirigían al Aeropuerto de Ezeiza. Moyano había advertido sobre el riesgo de que esta situación se replique en otros puntos del país, considerando la inminente privatización de Corredores Viales S.A., empresa que administra una porción significativa de la red vial troncal argentina.