El acuerdo con el FMI no es solo el desembolso de fondos frescos para fortalecer las reservas del banco Central. Es bastante más amplio.

Primero pide una reforma tributaria para hacer el sistema impositivo más simple, eficiente y equitativo, sin perder recaudación.

Desregulación del mercado eléctrico mayorista, eliminando distorsiones, para atraer inversiones y mejorar la viabilidad del sector energético.

Reclama una reforma previsional. Es decir, presentar al Congreso un proyecto para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones, al que considera "actualmente desequilibrado". Esto implicaría una suba de la edad jubilatoria.

Eliminación de fondos fiduciarios y entes extrabudgetarios ineficientes, salvo el de subsidios de gas residencial, para reducir opacidad y gasto improductivo.

Privatizaciones y concesiones de empresas estatales: publicar informes sobre las compañías incluidas en la Ley de Bases (marco legal para privatizar) junto a un plan claro para vender participaciones estatales al sector privado.

Mejor focalización del gasto social: integrar bases de datos en un registro único de beneficiarios para asegurar que los subsidios lleguen solo a los más vulnerables.

Nueva relación fiscal Nación-Provincias: proponer opciones para reformar el complejo esquema de coparticipación federal de impuestos, buscando más eficiencia y responsabilidad.

Reglas fiscales más estrictas: enviar un presupuesto 2026 que cumpla la regla de déficit cero y modernizar la Ley de Responsabilidad Fiscal para anclar el equilibrio en el mediano plazo.

Mejorar controles antilavado: reforzar la prevención de riesgos de lavado de dinero transfronterizo, con excepciones basadas en riesgo, para cumplir estándares internacionales y mejorar la reputación financiera del país.

Varias de estas decisiones implican costos políticos y sociales altos, como ocurre en cada intervención del FMI en Argentina. Por ejemplo, la desregulación eléctrica y la reducción de subsidios significan tarifas más caras para millones de usuarios. De hecho, el gobierno ya se comprometió a quitar los subsidios de luz y gas a los hogares de clase media, dejando la ayuda solo para sectores vulnerables. El nuevo esquema excluirá a unos 3 millones de usuarios de ingresos medios en electricidad, que comenzarán a pagar la energía a precio pleno en forma gradual.

La Secretaría de Energía aclaró que la medida será gradual y se implementará después de las elecciones de 2025, para mitigar el impacto. Aun así, en los últimos meses ya se redujeron escalonadamente los descuentos en las facturas de servicios públicos. Es un anticipo de la pesada factura del ajuste.

Otras reformas están en curso: el Ministerio de Economía anunció un recorte extra del gasto público para lograr un excedente fiscal mayor al pactado. La meta con el FMI era 1,3% del PBI de superávit primario, pero Milei decidió apuntar a 1,6% de superávit este año.

En línea con ese ajuste adicional, el Gobierno viene recortando plantillas del Estado: a fines de marzo no renovó 1.400 contratos temporarios en el Ministerio de Salud.
También lanzó un ambicioso plan de privatizaciones: ya vendió la participación estatal en la metalúrgica IMPSA y llamó a licitación para privatizar tres empresas (Corredores Viales, la ferroviaria Belgrano Cargas y la operadora aeroportuaria Intercargo).

En los próximos días se publicará el decreto para vender la parte estatal de Transener, la empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Esa operación forma parte del “capítulo 1” de la reorganización de ENARSA (energía), donde el Gobierno planea desprenderse de al menos 17 compañías y activos.