Por: Pipo Rossi
La iniciativa busca impedir que personas con antecedentes judiciales puedan acceder a cargos electivos o designaciones en el gobierno provincial.
El proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, será tratado este miércoles en la Legislatura de Neuquén. La iniciativa, que ya obtuvo el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuenta con el respaldo necesario para ser aprobada y busca impedir que personas con antecedentes judiciales puedan acceder a cargos electivos o designaciones en el gobierno provincial.
¿Qué establece el proyecto?
La norma propone la implementación del Instituto de Ficha Limpia en Neuquén, estableciendo que no podrán postularse como candidatos ni ser designados en el gobierno provincial aquellas personas que cumplan con alguno de los siguientes criterios:
Procesados con medidas restrictivas de la libertad (hasta que recuperen la misma).
Condenados por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia o cuando el condenado no haya apelado.
Condenados por tráfico de estupefacientes , delitos tributarios, deudores del fisco y deudores alimentarios morosos.
Personas inscriptas en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Funcionarios destituidos por juicio político o procedimientos legales similares.
Quienes hayan recibido suspensión de juicio a prueba (libertad condicional) en causas de delitos dolosos o contra la administración pública.
La inhabilitación será de carácter perpetuo , salvo que la sentencia sea revocada.
Alcance en la administración pública
El proyecto también impone restricciones para la designación de funcionarios en diversos niveles del gobierno. La prohibición alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores provinciales, presidentes de entes públicos, vocales del Tribunal de Cuentas, fiscales de Estado y otros cargos de relevancia en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, los candidatos deberán presentar una declaración jurada y certificados que acrediten su situación judicial, incluyendo antecedentes penales, libre deuda alimentaria y no inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. La Junta Electoral será la encargada de verificar estos requisitos antes de oficializar candidaturas y proclamaciones.
Por último, el artículo seis del proyecto invita a los municipios de primera categoría a adherirse a la normativa, extendiendo su alcance a nivel local.
