El presidente Javier Milei anunció en diciembre pasado que en el primer semestre de 2025 iba a avanzar con una "reforma laboral en serio". La iniciativa incluye ítems tan polémicos como la extensión de la jornada laboral a 12 horas diarias, la fragmentación de las vacaciones y el regreso de los tickets canasta, entre otros.
El proyecto se titula “Promoción de Inversiones y Empleo” y fue presentado en Diputados por la legisladora de LLA, Romina Diez, con la firma de otros 14 legisladores de su espacio político. La iniciativa contempla una serie de profundas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que ya estaban incluidas en el cuestionado DNU 70, cuyo capítulo laboral fue frenado en la Justicia por diversos recursos gremiales.
Entre las principales modificaciones que se proponen, se destacan el fin de la jornada de 8 horas, establecida por ley en 1929, que sería reempalzada por jornadas de hasta 12 horas diarias, por la vía de la reforma del artículo 197 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, eliminando todas las regulaciones para dejar en pie sólo la obligación de un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales.
Además, reduce la posiblidad de realizar horas extra. En realidad, la iniciativa propone crear un “banco de horas” y hasta permite firmar contratos de “cero horas” en los que el empleador no tiene ninguna garantía de horarios, quedando a disposición del contratante para cuando desee convocarlo a trabajar.
El proyecto de ley impulsado por los diputados oficialistas flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales. Según el texto del nuevo art. 154 de la LCT podrían ser otorgadas en cualquier momento del año (hoy tienen que ser otorgadas entre los meses de octubre y abril) y ser fraccionadas en períodos de una semana como mínimo. Por ejemplo, si a un trabajador le corresponden 28 días de vacaciones por año, ellas podrían ser fraccionadas en cuatro y ser distribuidas a lo largo del año según la conveniencia del empleador. El único límite es que deberá notificar del comienzo de esta licencia con una antelación no menor a 21 días.
El proyecto también introduce la figura de perito médico. Es la creación de una instancia de revisión en el ámbito del Ministerio de Capital Humano sobre los certificados médicos que presentan los trabajadores que padecen enfermedades o accidentes no vinculadas con el ámbito del trabajo.
Para ello, se faculta a dicho ministerio a conformar una lista de peritos oficiales ante los cuales los empleadores podrán plantear la existencia de dudas sobre la veracidad del certificado presentado o la exactitud de su contenido.
Según el texto del proyecto, los peritos médicos “podrán convocar al médico firmante del certificado, repetir o solicitar nuevos estudios o análisis, así como requerir las medidas que considere conducentes a fin de corroborar o modificar el diagnostico, afección o tratamiento indicado previamente”. En todos los casos, los honorarios de los peritos estarán a cargo de los empleadores, sin que el proyecto prevea la forma de resolver previsibles discrepancias entre el médico personal del trabajador y el perito oficial.
