Llamó la atención la velocidad con que la justicia avanzó en la causa contra Gloria Ruiz que contrasta directamente con lo ocurrido con la denuncia contra Gustavo Suárez.

En el caso de Ruiz, vicegobernadora en ejercicio, la separaron del cargo, pero luego hasta ingresó una nueva denuncia donde rápidamente -en 24 horas- se relevaron las pruebas con allanamientos dispuestos inmediatamente y acompañados con gran despliegue publicitario. En 24 horas.. un día se hizo la denuncia y al otro día los allanamientos. Perfecto!!!!

En el caso de la denuncia con el ex intendente de Plaza Huincul, sigue todo en manos del gabinete de Peritos Contables del TSJ.

Como es conocido, la denuncia se presentó en la Fiscalía de Cutral Co el 5 de marzo pasado y ya lleva 10 meses de tramitación sin que se conozca la culpabilidad o inocencia del ex intendente.

En otras palabras, Gustavo Suárez sigue en su banca de concejal cobrando alrededor de 3 millones de pesos por mes, que le paga la misma sociedad a la que pudo haber estafado. Y disponiendo de otro monto similar en asesores, movilidad, etc, etc...

Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es inobjetable y sano que sea de esa manera. Pero la demora genera beneficios sobre beneficios.

Dicho en otras palabras, la demora judicial hace lugar a que, si se llegara a comprobar que hubo un manejo irregular de los fondos y algún beneficio personal, el corrupto tenga el beneficio de la institucionalidad sobre el beneficio económico de la corrupción, sobre el beneficio del cargo, sobre el beneficio... millones de pesos...